La Jornada
La crisis acarreada por la pandemia de coronavirus amenaza con encoger en 4.5 por ciento el producto interno bruto (PIB) per cápita y reducir 1 a toda la actividad económica sólo por los recortes a las remuneraciones de asalariados, exhibe un documento del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Sin una vuelta de timón se estima que el paso del Covid-19 sumerja en la pobreza a 21 millones de mexicanos. Sumados a los ya existentes, más de 82 millones de personas terminarían el año sin el ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar. Además de que se afecte a cerca de 4 millones de unidades económicas y al turismo, construcción, sector financiero y minoristas.
“Ante una situación económica inédita, el Estado debe ir más allá de la ortodoxia monetaria y fiscal que prevalece hoy”, recalca el documento presidido por el CEEY. Estima que en este escenario “es factible” incrementar el endeudamiento público en 2.2 por ciento del PIB para robustecer un esquema de subsidios y programas de garantía a lo largo del año.
Reseñó lo hecho hasta ahora por las autoridades: Banco de México redujo 50 puntos base la tasa de referencia y amplió en 2 mil millones las subastas de dólares para intervenir en el tipo de cambio; el legislativo eliminó la meta de superávit primario de 0.7 por ciento del PIB.
La administración federal adelantó el gasto en el sector salud y transferencias de ingreso; y anunció un esquema de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas por un total de 25 mil millones de pesos. Dichas acciones “aún son limitadas”, considera el análisis.
Para el Sistema de Salud propone reasignar recursos a estados con debilidad en sistemas de salud y con población en un mayor riesgo: el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Michoacán.
Para la población en pobreza y el mercado informal: la ampliación temporal de programas de transferencias en efectivo, de los créditos a la palabra y que éstos sean repagados a mayores plazos y en mejores condiciones al regularizarse las actividades; también un programa de empleo local de emergencia, particularmente en zonas rurales.
Para el mercado formal: transferencias monetarias a los trabajadores desempleados; créditos fiscales y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las empresas, condicionados a preservación de empleo por al menos seis meses.
También subsidios temporales a empresas formales con problemas directamente asociados con la pandemia para evitar el cierre de su actividad; “tregua fiscal” por un año a personas físicas y créditos blandos de la Banca de Desarrollo a pequeñas y micro empresas.
Todo ello, bajo la unificación de padrones de beneficiarios y programas sociales, registro de contribuyentes, registro del IMSS y buró de crédito y la participación coordinada con estados y municipios.
