La Jornada
Un juez federal negó la solicitud de libertad bajo fianza de Genaro García Luna, concluyendo que ninguna combinación de condiciones evitarían el incentivo de huir ante los cargos que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública de México.
El juez magistrado Ramón Reyes concluyó, después de escuchar los argumentos de los fiscales y la defensa, que “no creo que hay ninguna combinación de condiciones, dada la severidad de los cargos, con las cuales él podría resistir el impulso de huir”.
El abogado de la defensa, César de Castro, presentó una solicitud por la libertad bajo fianza de un valor de dos millones de dólares, respaldada por 10 garantes, insistiendo en que García Luna desea confrontar sus cargos en su eventual juicio. Ésta fue la segunda propuesta presentada por García Luna, duplicando la fianza de un millón ofrecida la primera vez el pasado 28 de febrero, que fue rechazada por otro juez, quien invitó a la defensa a replantear la petición.
Los fiscales repitieron sus argumentos de que García Luna representa un riesgo, ya que enfrenta una condena potencial de cadena perpetua, cuenta con los recursos y tiene un destino a donde huir, México, donde cuenta con “el apoyo de un cartel de drogas poderoso” y una “red de ex funcionarios corruptos”.
El juez también rechazó una solicitud de libertad temporaria para Garcia Luna, que el detenido expuso por el peligro que corre dentro del Centro de Detención Metropolitano en esta ciudad ante la pandemia de coronavirus, ya que argumentó que tiene antecedentes médicos de vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.
De hecho, la pandemia obliga que esta sesión ante el juez fuera realizada por teléfono y no en el tribunal federal en Brooklyn.
Los cargos que enfrenta García Luna acusan que mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 y 2012, recibió “decenas de millones” de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones de agencias de seguridad sobre el grupo delictivo, así como sobre las actividades de carteles rivales.
Bajo esos cargos enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de narcotrafico de cocaina y declaraciones falsas a las autoridades.
