El Informe que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió a la nación este domingo 5 de abril, en el marco de su primer Informe Trimestral correspondiente a su segundo año de gobierno, ha sido profundo y amplio sobre la forma en que su administración enfrenta la crisis de salud, y también, para atender las complicaciones económicas, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio.
El legislador resaltó que, a diferencia de otros sexenios, ante un escenario internacional adverso, el presidente de la república no planteó la necesidad de nuevos impuestos; tampoco el alza de precios en servicios públicos o en combustibles, ni la adquisición de préstamos a la banca internacional o nacional, bajo el argumento de “no había de otra”.
En contraste, apuntó Sosa Villavicencio, nos dio a conocer que el gobierno federal aplicará medidas de austeridad en la administración, sin despedir personal ni afectar el presupuesto de los programas sociales.
“Se debe resaltar que el principal ajuste preventivo se dará en el gasto corriente, en rubros como la publicidad y viáticos”.
Reconoció la congruencia del mandatario federal para acabar con la corrupción, el lujo y el derroche, característico de sexenios anteriores para reducir el costo del gobierno a la sociedad, y en cambio, emplear los recursos disponibles para combatir el SARS-CoV-2 (coronavirus).
El presidente de la Jucopo, destacó las medidas presidenciales anunciadas como la implementación de una mayor inversión pública para el desarrollo, otorgando empleo y combatiendo la corrupción, al tiempo que se aplicará una austeridad republicana.
El representante popular, destacó, entre otros, el anuncio de la creación de más de dos millones de nuevos empleos, en un lapso de nueve meses; la continuación de las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas.
Asimismo, inversión de 25 mil millones de pesos adicionales para drenaje y mejoramiento de vivienda en 50 municipios marginados; el ahorro en compras a proveedores y la enajenación de bienes, recuperados a la delincuencia común y de “cuello blanco”; la aplicación de 35 mil millones de pesos del ISSSTE, para créditos personales de 20 mil a 56 mil pesos cada uno, para beneficiar a 670 mil trabajadores al servicio del Estado.
Finalmente, el legislador manifestó que desde el Congreso local y en el marco de sus atribuciones, las diputadas y diputados aportarán su esfuerzo y colaboración para afrontar el problema sanitario y sus consecuencias económicas y sociales.
