Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México analiza una propuesta de retorno a las actividades esenciales en la que se establece el regreso a clases presenciales en educación básica en agosto y para el siguiente mes las actividades en universidades.
En el mismo proyecto se prevé que giros económicos como bares y antros reinicien actividades en septiembre, mientras que los restaurantes, tiendas departamentales harían los propio a partir del 15 junio, pero con restricciones como operar a un tercio de capacidad.
En el documento “Propuesta de plan de reapertura en CDMX” se establece que para mediados del próximo mes también se reactiven los eventos deportivos, pero sin público y que también reabrirían con restricciones negocios y servicios como bufetes de abogados, templos religiosos, cines y teatros, así como áreas del gobierno de atención al público.
Asimismo, señala que los corporativos y oficinas de la administración pública local que no dan atención al público continuarán trabajando a distancia.
La propuesta, que el gobierno capitalino señaló que es “un borrador” que se pondrá a discusión en una reunión más amplia, establece una serie de restricciones para la operación de negocios que incluyen medidas como el uso de tapabocas y guantes para los empleados, así como la santificación de los espacios.
Asimismo, agrega que se debe colocar señalética al interior de los establecimientos y reglas de aislamiento; los horarios de trabajo tendrían un escalonamiento de 4 por 10 para el personal, es decir, cuatro días laborales por 10 de confinamiento y horarios escalonados para para evitar aglomeraciones en el transporte público.
En cuanto a las escuelas, se establece que en las de educación básica los grupos de aula deberán tener un máximo de 15 estudiantes y no se permitirá el ingreso a personas con síntomas como tos, escurrimiento nasal, fiebre.
Según el proyecto, habrá limitación o suspensión de actividades extraescolares y trabajos en equipo, deberá usarse gel antibacterial y promover el uso de cubrebocas, además de que la asistencia será voluntaria.
La propuesta contempla también establecer apoyos económicos para la población vulnerable por un monto de 2 mil 600 pesos mensuales para una meta mínima de 100 mil beneficiarios, lo que implicaría un presupuesto de 260 millones de pesos al mes.
La Jornada
