El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnará la negativa de la Suprema Corte de Justicia a suspender la entrada en vigor a partir de este día, del decreto presidencial que reduce los tiempos fiscales a que están obligados los concesionarios de la radio y televisión.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer lo anterior en sesión virtual del consejo general del órgano electoral, donde los partidos de oposición rechazaron el acuerdo presidencial referido, por considerar que afecta el modelo de comunicación política vigente, y anunciaron la interposición de diversos instrumentos jurídicos en su contra. El partido Morena por su lado, defendió el decreto al estimar que no violenta la Constitución.
Previo a la aprobación de un acuerdo ad cautelum, que modifica la pauta de radio y televisión del INE en tanto la corte resuelve la controversia constitucional interpuesta por el órgano electoral en contra del decreto presidencial, Córdova Vianello puntualizó que la decisión del ejecutivo trastoca los principios constitucionales del modelo de comunicación política.
También invade las competencias exclusivas del INE como administrador de los tiempos del estado en radio y televisión, altera los espacios que en periodo no electoral el instituto pauta para partidos y autoridades electorales, y afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
El consejero Jaime Rivera resaltó que el modelo de comunicación política es producto de la reforma política de 2007, la cual respondió al reclamo de la fuerza política que quedo en segundo lugar en la votación de 2006, esto es al PRD y cuyo candidato presidencial era el actual jefe del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador.
Por su lado, el consejero Ciro Murayama también señaló que la reforma del 2007 fue el pacto que corrigió agravios de la elección de 2006, al destacar que el decreto citado genera afectaciones. Quien diga que no las hay, no sabe sumar ni restar o prefiere pasar por ignorante antes de decir la verdad, puntualizó.
Estimó que el acuerdo presidencial perjudica a los partidos políticos que no tienen la exposición mediática de la Presidencia y enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los principales beneficiados de los spots difundidos al amparo del actual modelo de comunicación política.
A su vez, la representante del PRI ante el INE, Marcela Guerra, señaló que el decreto significa un retroceso de la democracia pues reduce tiempos en radio y televisión que no son del ejecutivo, sino de la nación. Estimó que no se puede borrar a base de decretos lo que se ha avanzado en el país.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el instituto, informó que recurrirá el acuerdo aprobado ad cautelum ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y agotará todas las vías legales para hacer valer el modelo de comunicación política, el cual es resultado de la lucha postelectoral de 2006.
Víctor Hugo Sondón, del PAN, estimó que el decreto presidencial es una ofrenda a los medios de comunicación ante la caída en la aceptación ciudadana de López Obrador. La disminución de los promocionales diarios aleja a los partidos de la ciudadanía, mientras el presidente se “promociona mañosamente con los programas sociales”, añadió. También anunció acciones legales contra el decreto.
Juan Miguel Castro Rendón de Movimiento Ciudadano informó que su partido valora acudir a la Corte.
Por su lado, el diputado Alejandro Viedma, de Morena, señaló que controversia constitucional que presentó el INE argumenta presunta invasión de su función como administrador de los tiempos, pero ello no se actualiza y tampoco que se viole la Constitución.
Carlos Suárez, representante de Morena, insistió en que el decreto presidencial es de materia fiscal, pero en todo caso, será la Corte la que resuelva el tema.
La Jornada
