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A un año de la creación de la Guardia Nacional (GN), esta corporación no podrá resolver la situación de inseguridad que se vive en el país, puesto que sus habilidades y fortalezas no corresponden para atender el problema, de acuerdo con el estudio del Observatorio y la organización Causa en Común.
No hay una diferencia clara entre la GN y las otras fuerzas federales, puesto que sus elementos están compuestos por adscritos a la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la extinta Policía Federal, refirió el documento.
En marzo de 2019, quedó asentada la reforma constitucional para crear a este organismo de carácter civil, donde se establece que su capacitación y profesionalización podrán estar homologados en lo conducente al ámbito de las Fuerzas Armadas; además que el presidente de la República podrá disponer de esta institución para tareas de seguridad pública.
Aunque el Ejecutivo había expresado sobre un mando civil para dirigir a este organismo, en abril de ese mismo año el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como titular de la Guardia Nacional al general de brigada DEM, Luis Rodríguez Bucio, quien meses después se retiró del ejército debido a su edad.
De igual manera, López Obrador presentó al general Xicoténcatl de Azolohuoa Núñez Márquez,como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); a Gabriel García Chávez, contralmirante retirado, por parte de la Secretaría de Marina (Semar); así como a la comisaría general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel en representación de la Policía Federal (PF).
Tras su creación, este organismo tuvo un aumento en sus funciones con respecto a las fuerzas armadas, las cuales se incluyen realizar acciones de vigilancia, colaborar en la contención de los migrantes, recibir denuncias, realizar detenciones y aseguramientos, dar atención a víctimas, entre otras, refirió David Blanc, investigador de Causa en Común.
“Al no haber una delimitación entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, ni entre guardias y elementos militares de apoyo, en la práctica se suman las funciones y responsabilidades de las tres instituciones”, refirió.
Además, el acuerdo presidencial sobre la normatividad de la GN confirma que las unidades militares operan sin un carácter extraordinario, sin subordinación a un mando civil y sin supervisión externa, puesto que ignora las características de una participación militar dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los recursos que recibió esta corporación durante 2019 se obtuvieron del presupuesto asignado a la PF, Sedena y Semar, aunque no hay una certeza de los montos; aunque el dinero otorgado durante este año fue de 29,000 millones de pesos, pero sin asignación para nuevas plazas, apuntó.
Los elementos de la GN mantienen la transferencia de elementos de la Sedena, Semar y Policía Federal, los cuales conservan su plaza y prestaciones, por lo tanto no hay una delimitación entre las corporaciones, añadió.
Al respecto, El Observatorio explicó que no ha habido un reclutamiento para la nueva corporación y ni información certera respecto a los adscritos, así como un criterio público para el despliegue de los elementos en cada entidad.
En tanto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común apuntó que la inseguridad que se vive en el país es consecuencia de haber ejecutado una corporación militarizada e inoperante, y por otro lado haber abandonado las policías locales.
En este sentido, propuso reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dotarlo de mayor presupuesto y un diseño institucional que le permita actuar con más eficacia profesional, así como fortalecer a los policías con mejores salarios y prestaciones.
Morera Mitre reiteró el llamado al gobierno federal y a los locales a cumplir con las responsabilidades en materia de seguridad pública.
“Fueron electos para resolverlos y, aunque algunos se molesten, seguiremos insistiendo, con respeto y con propuestas, en que debemos salvar y fortalecer nuestras instituciones, como el único camino para salvar y fortalecer a nuestro país”, concluyó.
