La Jornada
El contrato para la adquisición de 20 ventiladores para terapia intensiva efectuado entre la delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez (hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz), se sustentó en falsedades y en un sobreprecio por parte de la empresa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó lo anterior, por lo que inhabilitó a esa empresa con dos años y tres meses, así como dos multas que suman más de 2 millones de pesos.
Tras investigar la venta de los 20 respiradores con costo de 31 millones de pesos, es decir, un millón 550 mil por cada equipo, la dependencia encontró irregularidades como el precio fuera del rango de mercado, además de que 11 aparatos estaban rotos y totalmente inservibles.
Por estos hechos también fueron suspendidos cuatro servidores públicos del IMSS Hidalgo ante su posible complicidad en estas acciones irregulares y aún se les investiga.
Al respecto, el IMSS informó que colabora con la SFP para evitar que empresas y prestadores de servicios lucren en compras y contrataciones que se realizan durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Agregó que en todos los procesos se cumple con la normatividad y se asegura de que los insumos médicos adquiridos se ajusten a los precios reales del mercado y cuenten con los estándares de calidad en beneficio de los pacientes.
Sin embargo, el instituto no hizo referencia al contrato entre su delegación en Hidalgo, con la empresa de Bartlett Álvarez ni a los funcionarios presuntamente involucrados y que son investigados por la SFP.
Ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer los acuerdos sobre las dos sanciones a la compañía de Bartlett Álvarez que se traducen en 24 y 27 meses de inhabilitación –que correrán en paralelo– para establecer contratos con el gobierno, así como las multas que suman más de 2 millones de pesos.
El pasado 17 de abril se adjudicó de forma directa un contrato a la empresa, la cual no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
Las oportunas acciones de la SFP evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades, indicó en un comunicado.
De entrada, en la investigación se identificó que el precio estuvo fuera del rango en el mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares de otra compañía por un precio mucho menor y por el costo de los adquiridos recientemente por la cancillería y otras entidades del gobierno federal.
