El Universal
A cuatro meses del inicio de la pandemia de Covid-19 en la entidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ha iniciado 84 quejas y cuadernos de antecedentes por presuntas violaciones a las garantías, relacionadas con la emergencia sanitaria.
De acuerdo con los registros del órgano autónomo, hasta el siete de julio, se habían iniciado 44 quejas y 40 cuadernos de antecedentes, principalmente contra autoridades municipales, contra la dependencia estatal de parte de personal de salud que exige mejores condiciones para afrontar la pandemia; relacionadas con temas laborales, impartición de justicia y hasta privación ilegal de la libertad.
Sólo contra autoridades municipales suman 51 las quejas interpuestas, en las que se les acusa en su mayoría (25) de abusos que incluyen “detenciones arbitrarias, retención de personas ajenas a la comunidad, cierre de negocios y cobro de multas”.
Además, se contabilizan 15 quejas relacionadas con filtros sanitarios, así como el cierre de accesos a municipios; dos donde pobladores de comunidades solicitan que se les informe sobre la posible existencia de personas infectadas con Covid-19, y el resto se relacionan con la inacción de los municipios para adoptar las medidas sanitarias.
Las quejas presentadas por personal de salud, en donde aseguran que se violentan sus derechos humanos, son las que ocupan el segundo puesto por número, pues suman 12.
Según los registros de la DDHPO, cinco de ellas fueron interpuestas por personal personal sanitario considerado en riesgo, pero no se les permite ausentarse de sus labores. Tres quejas son retención de personal de Salud en comunidades; una es de un pasante de enfermería que pidió se le retire del servicio social, y tres son quejas por falta de material y medidas de protección.
Además, hay otras ocho quejas contra los Servicios de Salud de Oaxaca, por cambio de diagnóstico, falta de atención en comunidades y falta de información.
En el rubro de la procuración de justicia suman nueve, tanto contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), como contra la Fiscalía General del Estado (FGEO), además de una por la falta de defensores de oficio.
De las quejas contra la SSPO, cinco están relacionadas con inconformidades de personas privadas de la libertad y las condiciones que imperan en las prisiones a su cargo.
Apenas este fin de semana, la Coordinación para la Libertad de Defensores de Derechos Humanos Criminalizadas en Oaxaca, condenó las condiciones carcelarias que prevalecen en los cárceles del estado y denunció que el deceso del defensor Nicasio Zaragoza, preso en el reclusorio de Santo Domingo Tehuantepec, fue producto de la negligencia y falta de acciones de las autoridades penitenciarias.
Acusó que falleció este 3 de julio, sin que se tenga certeza de las causas, pues los familiares tuvieron noticia del fallecimiento por otro recluso. Aunque fue llevado al hospital materno de Tehuantepec, a donde argumentando que era sospechoso de tener Covid-19 no fue atendido y falleció tirado a las afueras del nosocomio.
