Aristegui Noticias
L. V. T es una mujer de origen indígena de Veracruz pero con 20 años de residencia en Mazunte, Oaxaca, quien desde el 29 de enero de 2020 denunció ante la Fiscalía del Estado de Oaxaca ser víctima de violencia familiar, y que hasta la fecha no ha recibido justicia, al contrario, dijo, acusó que las autoridades protegen al presunto agresor, un ciudadano de origen italiano de nombre Andrea “N”.
Después de una vida de maltratos, la mujer de 43 años decidió acudir a la autoridad para hacer valer su derecho a una vida libre de violencia, siendo desde ese momento víctima de la violencia institucional, pues la Fiscalía le informó que perdieron su expediente.
Esta mujer pensó que al denunciar tendría el apoyo de la Fiscalía como representante de las víctimas, pero eso no ocurrió, extraviaron su carpeta de investigación con muchas pruebas sin concederle medidas de protección y no fue hasta el 29 de junio, una vez que ante las presiones de defensoras de derechos humanos su denuncia apareció, para ese momento su presunto agresor ya la había denunciado a ella y a dos de las defensoras de la comunidad que le han ayudado a sobrevivir emocional y económicamente, pues el sujeto la despojó de todo después de golpearla una noche de marzo de 2019.
Esta mujer conoció al agresor en el pueblo donde nació en Veracruz, hasta donde llegó él con el pretexto de conocer la naturaleza. Procrearon un hijo hace más de 19 años, desde entonces él utilizó a ese hijo y el amor que la víctima sentía por él para obligarla a cometer actos absolutamente denigrantes para su dignidad humana y para someterla a golpes y humillaciones, ella pensó que con el paso del tiempo su agresor cambiaría, pero no fue así. La violencia incrementó, siempre bajo el chantaje de que si denunciaba o hablaba, su hijo la odiaría.
Gracias a que Andrea “N” tuvo un hijo con la víctima en 2006 logró tramitar la doble nacionalidad y se convirtió en ciudadano mexicano, lo cual le permitió hacer negocios en el país.
Del patrimonio construido en 20 años, la víctima nunca vio beneficio alguno, solo le proveía casa, comida, y a veces vestido. Ella se dedicaba a la crianza de su hijo y a las labores domésticas.
Hoy esta mujer se encuentra viviendo en una casa prestada por una fémina solidaria de la comunidad, tiene serios padecimientos de salud los cuales no puede atender pues no cuenta con recursos económicos ni seguridad social, ya que el presunto agresor no le permitió estudiar ni trabajar de manera remunerada.
La víctima y sus defensoras de diversas organizaciones exigen que las autoridades actúen conforme a derecho atendiendo a la debida diligencia y al derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia consagrados en la convencionalidad, la constitución, leyes generales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La abogada de la víctima, Mara Muñoz, expresó que temen que el proceso de criminalización de las defensoras y las víctimas avance atentando contra sus derechos humanos, pues el Ministerio Público que lleva la investigación por la denuncia que el agresor presentó contra la víctima y sus defensoras es el mismo que investiga las denuncias que ellas presentaron por falsedad de declaración.
“No se puede ser juez y parte, se necesita imparcialidad y objetividad por parte de la Fiscalía. Lo correcto sería que el mismo Ministerio Público que lleva la denuncia por violencia familiar presentada desde el 29 de enero, lleve las denuncias de las dos defensoras contra el agresor por falsedad de declaración”, asentó la defensora.
Mara Muñoz precisó que la denuncia de Andrea “N” contra la víctima y las defensoras ocurrió en junio y le concedieron a él medidas de protección al día siguiente de interpuesta la denuncia, mientras que a la joven mujer le extraviaron la carpeta de investigación.
La audiencia inicial frente al juez de control se realizará el próximo 4 de agosto, y se espera que el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) garantice y proteja todos sus derechos violados hasta el momento, y que actúe conforme a la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Cabe mencionar que hasta el momento, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no se ha pronunciado al respecto.
