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Desde 2017 hasta junio de 2020 se han generado 19 sentencias condenatorias por trata de personas en México, de las cuales ocho corresponden a los últimos 18 meses, seis al 2019 y cinco al 2017, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el encargado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Juan Manuel Zavala Evangelista, informó que durante ese mismo periodo se han judicializado 21 casos por el mismo delito.
Es decir, durante 2017 se realizaron cinco judicializaciones por este tema, siete al año siguiente, así como nueve durante 2019 hasta la fecha.
Durante un foro virtual, detalló que durante ese periodo también se han iniciado 248 carpetas de investigación, de las cuales 103 corresponden al 2019 y el primer semestre de 2020, en tanto, 76 son del 2018 y 69 del 2017.
Además, Zavala Evangelista indicó que la FGR ha atendido a 403 víctimas de este delito durante los últimos tres años y medio, puesto que de 2019 a la fecha se ha dado atención a 181 personas, en 2017 a 103 individuos y en 2017 a 119 afectados.
Añadió que durante el actual año hubo una disminución en la cifra víctimas atendidas puesto que la fiscalía general se limita atender la trata internacional o vinculada con el crimen organizado, además que la emergencia sanitaria limitó muchos vuelos y cruces fronterizos.
Por la pandemia de coronavirus, abundó que también disminuyó la afluencia de denuncias durante los últimos meses en comparación con el mismo periodo del año pasado, puesto que de marzo a julio se recibieron cinco acusaciones de este tipo, mientras que en 2019 fueron 26 querellas durante el mismo lapso de tiempo.
Respecto a la asistencia que han brindado los refugios especializados, el representante de la FGR acotó que se atendió a nueve víctimas en lo que va del año, a 34 en 2019, 14 en 2018 y 65 en 2017.
El jurista abordó que desde 2018 se impulsó la solicitud de información financiera en este tipo de casos para cuidar el proceso de las investigaciones, puesto que en caso de que se identifique una extinción de dominio o un decomiso, no haya impedimento legal para proceder o recuperar los bienes de procedencia ilícita.
Entre los principales retos que tiene la fiscalía en esta materia, resaltó fortalecer la inteligencia en las investigación para que las indagaciones no dependan de la información que brinde la víctima, para que de esa forma se inicie una averiguación incluso sin una.
Además, destacó el continuar con la persecución de activos de procedencia ilegal por medio de la extinción de dominio y decomiso, para así imputar responsabilidad penal a personas jurídicas por falta o deficiencia en sus medidas preventivas a este tipo de delitos.
Por su parte, el secretario técnico de la comisión para prevenir la trata de personas en la Secretaría de Gobernación, Felix Santa Ángeles, subrayó la complejidad para jucializar los casos de este delito, puesto que la mayoría de las veces las víctimas no cuentan con los instrumentos necesarios para hacer la denuncia.
“Tiene doble modalidad, es una violación a los derechos humanos y es un delito que debe ser perseguido en ese senitdo. Para comenzar a entenderlo tenemos que hacer un piso parejo para toda la administración pública federal”.
Señaló que el programa nacional para pervenir y sancionar la trata de personas 2020-2024, el cual espera sea publicado de manera oficial próxmamente, tiene cinco objetivos primordiales:
El primero de ellos es una reforma al marco normativo en la materia, establecer una coordinación con todos los niveles de gobierno, así como fortalecer la reinserción social de las víctimas y reparar el daño que les han causado.
En ese sentido, Santa Ángeles también hizo un llamado al poder Legislativo para crear un fondo para la atención de las víctimas de este delito, por lo que exhortó a los legisladores que lo tengan en cuenta para la elaboración del presupuesto del siguiente año.
Insistió en fomentar la generación de conocimiento sobre la trata de personas, así como el contexto en el que se da: a nivel colonia, municipal, estatal, nacional e internacional; para así identificar patrones y elaborar políticas públicas.
También llamó a promover los derechos humanos de las personas que han sufrido estos actos desde la perspectiva interseccional, para así identificar y atender a las poblaciones más vulnerables por su origen ético o condición socioeconómica, a quienes se les debe brindar mayor atención, al igual condiciones de salud, educación y trabajo.
