El Economista
El Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula que los embarazos de adolescentes en México han aumentado 20% durante la pandemia, lo que equivale a 145,719 embarazos no deseados entre personas de 15 a 19 años, informó Gabriela Rodríguez, secretaria general del organismo.
Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que este problema tiene un costo en proyectos de vida y sueños y destacó que en el grupo de niñas de 10 a 14 años el embarazo tiene que pensarse como un hecho forzado, impuesto, producto de la violencia sexual y que por lo tanto requiere de estrategias de protección que en esta pandemia se ha vuelto más presente.
“Esto requiere de conversaciones con más actores para realmente crear una estrategia que atienda esta problemática que tiene impacto en diversos sentidos”, dijo Gasman, durante la presentación del Informe sobre las Consecuencias Socio Económicas del Embarazo en Adolescentes en México.
María Antonieta Alcalde, directora de IPAS México, añadió que los servicios de salud públicos deben incluir la posibilidad de una interrupción del embarazo, con sensibilización, capacitación y de la mano de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia sexual.
“Se está trabajando un andamiaje institucional, con ejes de acción mucho más articuladores y territorializados” como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), dijo Gabriela Rodríguez, del Conapo.
En el contexto de la pandemia de Covid-19, aunque en México los servicios de salud sexual y reproductiva se han declarado como esenciales, las personas se han confinado y no acuden por el miedo a contagiarse.
Mil niñas y adolescentes dan a luz en nuestro país diariamente y eso cuesta muy caro. Más de 380,000 adolescentes acuden a servicios de salud cada año para controles prenatales y atención del parto, lo que representa más de 6,000 millones de pesos para la salud pública, reveló Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA).
“El embarazo temprano se considera un problema porque afecta de forma negativa distintos aspectos de la vida de quien lo experimenta pues es muy probable que abandonen los estudios, por consiguiente, sus oportunidades de tener un trabajo decente se reducen y se vuelven más propensas a permanecer en condiciones de pobreza y exclusión”.
A partir de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad en adolescentes de América Latina y el Caribe denominado MILENA, en México los ingresos anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes son casi 32% menores a los de quienes fueron madres en edad adulta; que las mujeres no puedan continuar con sus estudios a causa del embarazo temprano representan para el país una perdida anual estimada de 31,000 millones de pesos (mdp). Cuando las mujeres tienen menos ingresos, el Estado mexicano pierde pues se traduce en menor recaudación, solo por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se pierden más de 11,000 millones de pesos.
La pérdida anual estimada de ingresos por desempleo u oportunidad del empleo debido al embarazo equivale a 3,000 millones de pesos. Para el país, el embarazo adolescente representa un costo total de casi 63,000 mdp anuales, lo que equivale al 0.27% del Producto Interno Bruto. Con esto se podrían construir y equipar 21 hospitales de tercer nivel, edificar 9,582 escuelas o 4, 233 kilómetros de carreteras rurales.
El rezago y abandono educativo vinculados al embarazo en adolescentes representan para el país un costo o pérdida anual estimada en 31,000 millones de pesos. En este sentido, 26.6% de las mujeres que han experimentado la maternidad temprana tienen únicamente educación primaria, el 62% secundaria y el 6.7% terciaria. En contraste con las mujeres que han sido madres en edad adulta, los porcentajes se distribuyen en 23.5%, 51.2% y 22.18 por ciento. Así, las mujeres con educación primaria reciben 63.7% de los ingresos que perciben mujeres con educación secundaria y el ingreso por formación a nivel posgrado es 6.7 veces mayor que con educación básica.
Hoekman recalcó que además del impacto económico, esto aumenta las inequidades sociales en el país y limita las posibilidades del desarrollo y bienestar personal. “Quienes experimentan un embarazo temprano viven condiciones más precarias”.
