Uriel Pérez García
En las últimas décadas, uno de los pilares del desarrollo político en nuestro país se ha sostenido en la creación de organismos constitucionales autónomos y en la cada vez más efectiva división de poderes, ya que ambos casos, han posibilitado el establecimiento de contrapesos que dieron paso a un sistema cada vez más democrático que permite mayores libertades y la convivencia pacífica de la pluralidad propia de cualquier sociedad.
En el pasado informe de gobierno, el presidente de la república hizo alusión a dos instituciones fundamentales para el establecimiento de los referidos equilibrios como freno a los excesos desde la esfera judicial; la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República, luego de la notoria ausencia de los titulares de ambos organismos: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea y Alejandro Gertz Manero, respectivamente.
Andrés Manuel López Obrador se refirió a este suceso como parte de los nuevos tiempos, de la “transformación” que permiten desairar al presidente en un evento que simbólicamente resaltaba el poder del presidencialismo en México y donde además de los aplausos eran notorias las frases célebres como aquella pronunciada por José López Portillo cuando afirmó que defendería el peso “como un perro”.
En este contexto vale la pena resaltar que sin duda, se ha dado un cambio significativo en la forma de llevar a cabo el citado informe de gobierno en comparación con lo suscitado hasta hace pocos años y que al final refleja un cambio de fondo en el régimen político y de gobierno, ya que aunado al paulatino fortalecimiento de los organismos autónomos y el tambaleante equilibrio de poderes, evidencia una apertura política que deriva en una mayor madurez de nuestro sistema.
Quedaron atrás los eventos fastuosos en el que solo se escuchaban loas hacia quien pronunciaba el discurso alusivo al citado informe. Poco a poco fueron desplazados esos acontecimientos en la Cámara de Diputados en el que se establecía el denominado “besamanos” para tener la venia de continuar en los encargos públicos de alto nivel.
Si bien es cierto que en términos políticos se ha logrado avanzar hacia un mayor desarrollo, es necesario ahora que este desarrollo se traslade a la esfera social y económica, sobre todo hacia aquellos sectores que han sido más castigados por un sistema autoritario.
Al final, no debe pasar desapercibido que ante la latente tentación de regresar a los tiempos de verticalidad y ejercicio unipersonal de control de toda la administración pública, sin permiso a disidencias, es imperante resaltar que el avance institucional y jurídico hoy permite no solo a los actores políticos de oposición e instituciones autónomas, sino a la sociedad en general, tener esa libertad de alzar la voz para hacer valer las demandas y derechos fundamentales.
Si bien es cierto que es arriesgado decir que el ejercicio pleno de libertad se condiciona solo al terreno político soslayando la esfera económica, en referencia al concepto de desarrollo humano, también lo es que sin organismos autónomos como los electorales, transparencia, derechos humanos y recientemente la Fiscalía General de la República, aun con los pendientes para su consolidación, no hubiera sido posible avanzar hacia la transición democrática, misma que permitió el fortalecimiento del equilibrio de poderes.
El reto no es menor, puesto que se requiere de voluntad política para continuar por la vía democrática dejando de lado las pretensiones autoritarias que encuentran terreno fértil ante el reacomodo de fuerzas suscitado después de la elección federal de 2018 y que se alimenta de las dificultades a las que se enfrentan las instituciones ante la desconfianza ciudadana.
Sin embargo, es pertinente rescatar que es fundamental no dar marcha atrás en la construcción de una sociedad participativa y responsable que siga empujando el desarrollo político y que permita la edificación de un sistema político eficiente, capaz de responder a las demandas, resguardando el andamiaje institucional y jurídico ante cualquier intento de asalto.
Hoy inicia el proceso electoral federal 2020-2021, que tendrá su punto de inflexión en la realización de las elecciones más grandes en la historia del país, indudablemente se pone de relieve una oportunidad, entre tantas, para ejercer esa “arrogancia de sentirnos libres”, interpretada como la valentía para decidir y construir un mejor país.
