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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la solicitud de consulta para determinar si se enjuicia a expresidentes es constitucional con 6 votos a favor y 5 en contra.
Tras esta votación, los ministros de la Corte procederán a revisar la redacción de la pregunta incluida en la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar que establecía que la solicitud del presidente era inconstitucional votaron el ministro presidente Arturo Zaldívar y los ministros Alfredo Gutiérrez, José Luis González, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán.
En la sesión virtual, Zaldivar fue el primero en posicionarse respecto a la propuesta y votar en contra de esta, debido a que consideró que la Suprema Corte no puede coartar el derecho de coartar el derecho de la participación ciudadana, además de considerar que la consulta no tendría efectos vinculantes.
Foto: Transmisión de la SCJN en YouTube.
En contraparte, Javier Laynez fue enfático al señalar que la justicia no debe estar sometida a consulta.
“Esta decisión no es fácil y posiciones como la mía no son muy populares, los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad los poderes Ejecutivos y Legislativos si, ademas de su experiencia están para actuar conforme al deseo de las mayorías, pero el poder judicial nunca debe actuar conforme a lo que dicen las mayorías”, aseguró.
El pasado 24 de septiembre, Luis María Aguilar, ministro de la SCJN, presentó una propuesta para declarar inconstitucional la solicitud del presidente para someter a consulta si se somete o no a juicio a los ex presidentes por posibles delitos cometidos.
Al presentar el proyecto, Aguilar señaló que la propuesta para elaborar la consulta pues condiciona la validez y vigencia de derechos humanos a lo que considera la ciudadania.
“Quiero enfatizar que en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a los ex presidentes de México por los delitos que supuestamente cometieron antes, durante y después de su gestión a la SC no le corresponde decidir si existen pruebas o si debe abrirse una investigación sino sólo analizar la constitucionalidad los fundamentos de una pregunta que se sometiera a una consulta popular”, afirmó el ministro.
En el proyecto se argumenta que la solicitud debe catalogarse como inconstitucional porque “la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos”.
Además agrega que a la ciudadania no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar con las instituciones del Estado.
Los argumentos de AMLO
La pregunta planteada en el documento enviado por la Presidencia de la República es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
En su propuesta, López Obrador aseguró que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue “cuando crecieron más” las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó “a sus últimas consecuencias” las “políticas privatizadoras”.
Además, acusó a Fox (2000-2006) de intervenir “indebida e ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a “las bandas delictivas”. De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial”.
