Uriel Pérez García
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un contexto que la situó en el límite entre la legitimidad jurídica y la legitimidad institucional, determinó la constitucionalidad de llevar a cabo una consulta popular enfocada más a incentivar la democracia participativa que a sostener la propuesta inicial de enjuiciar a cinco expresidentes.
El pasado 1 de octubre, en una sesión donde se visualizó una posición más política que jurídica, la SCJN encontró la puerta menos áspera que le permitiera salir bien librada de la encrucijada entre mantener la plena vigilancia al andamiaje constitucional sin transgredir su esfera de credibilidad institucional.
En este contexto, decidió aprobar la realización de una consulta con el planteamiento de una pregunta que por un lado evitara transgredir las disposiciones de la Carta Magna en la materia, pero que por el otro se convirtiera, desde su perspectiva, en un elemento para incentivar la participación ciudadana en temas de trascendencia pública, lo que evidentemente sigue estando en el debate por la total ambigüedad de la pregunta final.
La materia jurídica inicial que era la de enjuiciar a expresidentes y que evidentemente transgredía derechos humanos en términos de someter a consulta determinaciones que por obligación deben ejecutar las autoridades encargadas de impartición de justicia, para que en el marco del debido proceso se lleve a juicio a todo aquel que trasgreda la ley, quedó fuera de la consulta popular que aun está por definirse si será el 1 de agosto de 2021 o si habrá alguna modificación para que sea el mismo día de la jornada electoral como propone el grupo de MORENA en el Senado.
Desde esta perspectiva, por lo menos son dos los retos que se distinguen, el primero de ellos está en la vigilancia que tendrán que realizar las autoridades electorales para evitar que este tema sea tomado como un elemento más de promoción política fuera de los tiempos de campaña y sobre todo con el objetivo de incidir en la inequidad de la contienda si se asume una posición que desvirtúe el planteamiento sobre el cual se llevará a cabo la consulta, que ya de por sí es un tanto confuso, pero que si no se observa adecuadamente, podría acarrear el debilitamiento de la legitimidad electoral.
Por otra parte y en este mismo tenor, es imperante que la información respecto a este ejercicio de participación ciudadana, se enfoque a dejar claro que es precisamente eso, un ejercicio de participación y no de decisión, ya que de lo contrario esto podría traer como consecuencia un desencanto en la ciudadanía sobre todo en un contexto de alta participación.
Lo anterior, ya que aun y cuando se dé el supuesto de participación del 40% del listado nominal, la consulta no tendrá un carácter vinculatorio, es decir, no habrá ningún tipo de repercusión en lo que las autoridades deben hacer para la adecuada investigación y sanción de aquellos “actores políticos del pasado” que hayan incurrido en actos de corrupción.
La Corte dejó claro que no se vinculará a las autoridades competentes para que estas actúen en relación a la decisión que se tome en la consulta. Desde esta perspectiva se soslaya un tanto el espíritu de este mecanismo puesto que pierde su esencia de otorgar a las y los ciudadanos el poder de tomar decisiones en la esfera pública, ya que solo se está dando paso al poder de participación y no al poder de decisión.
Son varias lecciones las que nos deja lo ocurrido, en primer lugar debe quedar claro que la Corte es un órgano jurisdiccional que no debe trastocarse por la esfera política al nivel de incidir de manera determinante en sus decisiones. No obstante, esta resolución trascenderá en poner atención respecto al rumbo que tomarán los mecanismos de participación ciudadana.
Es necesario revisar y rediseñar el modelo constitucional y legal que permita impulsar de manera más efectiva los ejercicios participativos, de tal forma que este poder de intervención que se está dando a la ciudadanía traspase los candados hasta hoy inclinados al manejo únicamente político en beneficio de intereses de partido.
Sin duda, esto requerirá voluntad política para dejar atrás las fobias anquilosadas que han prevalecido como ese coto de poder que se rehusa a ceder las decisiones políticas en manos de la clase gobernante y trasladarlas a manos del poder social, por lo pronto tenemos que se ha dado un punto de partida, un primer saque que al final de cuentas queda como un ejercicio inocuo: que no hace daño.
