Ernesto Reyes
Con la extinción de más de un centenar de fideicomisos, terminó una semana altamente productiva para la 4T, que lleva en su cuenta, además, un arreglo diplomático con Estados Unidos sobre el conflicto artificial del agua en la frontera, además de la autorización camaral de la consulta para juzgar a los expresidentes.
En Oaxaca, dos funcionarios del gabinete legal y ampliado, de la administración Murat, fueron exhibidos al estar haciéndose promoción política, en un día laborable, mezclando sin rubor un acto partidista con su investidura oficial. Si se aplicaran, de manera estricta, las nuevas sanciones estipuladas en la ley electoral, que convierte en hecho grave este tipo de delitos, Antonio Amaro Cancino y Gabriel Cué Navarro, ya estuviesen fuera de la vista de su protector.
En la misma circunstancia, el presidente estatal del PRI, Eduardo Rojas Zavaleta, fue captado cuando “recomendaba” a militantes, que ostenten un cargo, a robar poquito o que, cuando menos, “le repartan algo a la gente”. El colmo de la desvergüenza.
Concluye, pues, la batalla por los fideicomisos que tanto preocupan a investigadores, becarios, familiares de desaparecidos y hasta periodistas que, paradójicamente, ahora fueron defendidos por congresistas del PAN, impresentables, como Gustavo Madero o Xóchitl Gálvez. Temen, quedarse sin apoyos, lo cual no ocurrirá en los casos donde sea legítimo otorgarlos.
Según el parte oficial, un grupo de empresas trasnacionales, a través del Conacyt, eran felices beneficiarias: Intel, Kimberly Clark, Whirpool, Bayer, VW, Monsanto, Mabe, Femsa, Honeywell, IBM, Bimbo, etcétera, que nos birlaban 891 millones de pesos a los contribuyentes. El pretexto: programas de “estímulos a la innovación”. ¿Una investigación científica para saber cómo limpiarse mejor el trasero con papel sanitario?
Para quienes creen en la narrativa neoliberal, detrás de la lucha por la preservación de los fideicomisos asoma la ambición de los inmensamente ricos José Antonio Fernández Carvajal, la familia X. González, Roberto Garza Sada o los distribuidores de quesos y lácteos cuyas marcas recién fueron suspendidas por la Profeco. En resumen: tan solo entre 10 empresas obtuvieron un total de 26 mil 134 millones 320 mil pesos del erario federal, supuestamente destinados a impulsar la ciencia. Bueno hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían millonarios fondos para realizar obras y reparar sus “humildes” viviendas. ¡Imagínese usted!
Por defender la preservación de su innovador modelo, exportado del sector privado al público, personas de buena fe soportaron desveladas, plantones, acechos de la policía; acciones de protesta que, en un momento dado, tocaron las fibras de algunos mexicanos que creyeron el cuento de que lo mejor era dejarlos como estaban, para que nadie quedara desprotegido. Pretendían que no se descubrieran los oscuros manejos de este tipo de instrumentos, como los más de mil millones de pesos asignados a Juntos Podemos, de Josefina Vásquez Mota.
La abusiva sustracción de fondos públicos, para generar administraciones paralelas y oscuras, que escaparan a los controles y regulaciones propias de la administración pública -recuerda Ernesto Villanueva- tenía en la epidermis y en el fondo, el germen de la corrupción que hoy se está eliminando a rajatabla, como nunca pensaron que se haría.
Sin embargo, es cierto que se requieren fondos federales para requerimientos sociales diversos. Pero con nuevas reglas, para apoyar la ciencia, la tecnología, a las víctimas, a defensores de derechos civiles, a periodistas perseguidos, etcétera. La ministración de dichos apoyos le corresponde determinar ahora al Congreso, donde está representada la pluralidad política, elaborando nuevos criterios normativos vinculados al Presupuesto de Egresos, como lo manda la nueva República. ¿Y su fideicomiso de qué lo querían?
Por otro lado, este 25 de octubre concluye la prórroga y entra en vigor el decreto para aplicar, en el territorio estatal, la reforma a la Ley para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos, que prohíbe la venta, distribución y uso del pet y el unicel. La prohibición de estos materiales de un solo uso, es de vital importancia, por la disminución en volumen y peso de los Residuos Sólidos Urbanos, y porque su degradación puede tardar hasta mil años. El vidrio es mejor alternativa, por ser ciento por ciento reciclable, me dice una experta en ingeniería ambiental. También el aluminio porque se degrada en tan solo 10 años, y se recupera cerca del 100 % del material.
