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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló diversas irregularidades en el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual está bajo el manejo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un reporte, la ASF explicó que en 2018 se destinaron con 337.4 millones de pesos (mdp) para RCU Sistemas, S.A. de C.V., de los cuales 335.6 millones de pesos se ocuparon en el mecanismo de protección; 1.7 mdp a honorarios fiduciarios; así como 0.1 mdp a honorarios de auditoría externa.
Abundó que los servicios solicitados a esta empresa fueron para la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros.
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A pesar de ello, aseveró que la entidad fiscalizada no contaba con los criterios fundamentados en el en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público para para efectuar las adjudicaciones directas.
“Tampoco se acreditó que las empresas a las que les solicitaron cotizaciones, se encontraban relacionadas con los servicios a contratar. Cabe señalar que RCU ha otorgado los servicios para atender las medidas del mecanismo de protección desde el año 2014”, agregó la entidad.
Respecto a la prestación de los servicios, la Auditoría acotó que no se validó que el objeto y su alcance hayan sido debidamente cumplidos y devengados conforme a las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en éste.
Además, tampoco se presentó evidencia que acreditara la elaboración de los reportes, informes, resultados y productos por parte de RCU.
Sin embargo, en una visita domiciliaria que realizó la ASF, dicha empresa presentó las órdenes de servicio con firma de recibido por parte de los distintos beneficiarios.
En 2018, el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atendió a 711 beneficiarios, de las cuales 430 son periodistas y 281 defensores de derechos humanos.
De este número, la ASF entrevistó a 40 beneficiarios, quienes señalaron haber tenido diversas fallas en el celular con botón de pánico; deficiencias en el servicio de escolta y en la instalación de cámaras, cerraduras de seguridad, así como en las luces u otras medidas preventivas en el domicilio o lugar de trabajo de los beneficiarios.
La disponibilidad del fondo era de 48.8 mdp al cierre de 2018, sin embargo 42.6 mdp ya estaban comprometidos, por lo que en 2019 se contaba con 6.3 mdp para ejercer; lo cual la ASF consideró como insuficiente para sus fines.
Respecto al fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, el órgano regulador indicó que hubo erogaciones por 51.8 mdp a Servicios RCU por las medidas cautelares otorgadas por 32.5 millones de pesos.
De igual manera, se destinaron 17.7 mdp por indemnizaciones; 1.1 mdp en becas educativas a beneficiarios; 0.02 mdp en atención psicológica; 0.4 mdp en honorarios fiduciarios; 0.1 mdp para honorarios por auditoría externa y 0.001 mdp en comisiones bancarias.
En ese sentido, la Auditoría ahondó que Servicios RCU realizó la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros.
Aunque la Segob solicitó los servicios de esta empresa en dos fideicomisos (10232 y 10233) por 368.1 mdp, la compañía en su Declaración Anual del Ejercicio 2018 presentó ingresos netos por 331.4 millones de pesos.
Al igual que en caso anterior, la ASF explicó tampoco la entidad fiscalizada no cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar las adjudicaciones directas con esta empresa, la cual otorga estos servicios desde 2014.
“Durante el ejercicio 2018 se efectuaron erogaciones por 0.3 millones de pesos por concepto de pago compensatorio de becas a 2 beneficiarios; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia del Acuerdo que autorizó el pago”, acotó.
De las 30 resoluciones en 2018 que se vieron beneficiadas con este mecanismo, la Auditoría entrevistó a 13, quienes manifestaron diversas fallas con el celular con botón de pánico; así como deficiencias en el seguimiento y atención por parte de los servidores públicos de la Segob respecto de asuntos irregulares reportados por los beneficiarios.
