El Congreso de Oaxaca pedirá informar al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), Samuel Gurrión Matías, sobre las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y distribución de desechables de unicel y de los productos envasados en botellas desechables de PET, así lo dio a conocer en entrevista televisiva, el diputado promovente de estas nuevas disposiciones, Horacio Sosa Villavicencio.
El también Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, indicó que es responsabilidad de la SEMAEDESO atender, ordenar, vigilar la ejecución de dicha disposición jurídica y en su caso sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
Lamentó la omisión que ha mostrado la Semaedeso , instancia encargada de preservar el equilibrio ecológico y mitigar los impactos negativos del cambio climático en Oaxaca, a las disposiciones del Artículo 98 a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, reforma aprobada el pasado mes de abril de 2019 por el Congreso local.
“Pediremos al titular de esta dependencia, Samuel Gurrión Matías, un informe sobre las acciones de difusión que ha hecho de estas nuevas disposiciones, de igual forma revisaremos las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y distribución de productos en envases de PET y de desechables de unicel”, apuntó el congresista.
Sosa Villavicencio, recordó que el pasado domingo 25 de octubre venció el plazo de más de un año que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, otorgó a las empresas para eliminar de su inventario los productos envasados con PET de un solo uso, así como de los desechables de unicel.
Mencionó que las sanciones por el incumplimiento de las nuevas disposiciones son: las diversas ya previstas en el artículo 108 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que incluyen la posibilidad de multas (de diez a cincuenta mil días de salario mínimo), la suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, decomisos, clausuras temporal o definitiva, e incluso el arresto.
Puntualizó que el Congreso Local no está en contra de los empresarios o del libre comercio, sino a favor del medio ambiente. Por esto, pidió a las grandes empresas que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza.
