Con la reforma constitucional de junio de 2019 mejor conocida como “paridad en todo”, se estableció que la igualdad política entre hombres y mujeres se debe garantizar y aplicar en los tres poderes del Estado, tres órdenes de gobierno y todos los entes de la administración pública, incluidos los llamados organismos constitucionales autónomos, no obstante, en la realidad, las resistencias para aplicar el citado precepto constitucional sigue siendo un reto que debe afrontarse desde distintas ópticas.
En el contexto actual, es importante revisar en primer lugar la evolución que puedan experimentar los propios partidos políticos desde el momento de postular de manera efectiva, la mitad de candidaturas integradas por mujeres y que se asegure su participación en aquellos espacios que garanticen triunfos, pero además vigilar que no se ejerza ningún tipo de violencia desde la postulación hasta en el ejercicio del cargo.
Si bien es cierto que lo anterior puede darse por superado en la legislación a partir de la reforma político electoral de 2014 y los respectivos lineamientos que surgieron para asegurar la paridad en espacios realmente competitivos para la postulación de candidaturas, en la práctica hemos visto que la resistencia a la participación política de las mujeres se ha traducido en una serie de obstáculos que impiden el ejercicio del cargo y que evidentemente tiene la finalidad de inhibir su incorporación en espacios de decisión.
No obstante, uno de los grandes avances en este sentido se suscitó en abril del presente año con la reforma a diversas leyes a nivel general, con la finalidad de prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, empezando por la definición más clara de este concepto, aun cuando vale la pena mencionar que en Oaxaca desde el surgimiento de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya se había puntualizado el tema.
Sin embargo cabe destacar que la tipificación y la sanción hacia quienes ejerzan violencia política por razón de género, advierte todo un mecanismo más completo que permite la protección de los derechos político electorales de las mujeres y que sin duda contribuye hacia la paridad en todos los espacios de la vida pública, teniendo como herramientas la reparación, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Desde esta perspectiva, cabe resaltar que quedarán impedidos para reelegirse o participar en alguna contienda electoral, quienes no cumplan con el mandato constitucional de tener un modo honesto de vivir, requisito que se puede desvirtuar por haber sido infractor(a) en materia de violencia política, situación que puede derivar incluso en la nulidad de una elección.
Otro elemento a considerar es el que se refiere al desarrollo de campañas electorales en las que se debe denunciar y sancionar todo tipo de propaganda, discursos, manifestaciones que impliquen el menoscabo de la participación política asumiendo señalamientos basados en estereotipos de género y que busquen calumniar, denigrar o descalificar a las candidatas a cargos de elección popular.
Por otra parte, el pasado lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una larga discusión resolvió respecto a los lineamientos emitidos por el INE para que los partidos políticos postulen candidatas en por lo menos 7 entidades en las que se renuevan gubernaturas, al margen de las consideraciones vertidas, dicha resolución trascendió la deuda histórica del poder público y ejercicio de gobierno con un origen patriarcal.
Finalmente, la suma de esfuerzos se debe llevar a cabo en todas las esferas de la vida pública y privada para normalizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, ya que mientras se siga viendo como la excepción y no la regla, aún con los avances descritos, nos encontraremos constantemente ante actitudes que minen la convivencia como sociedad igualitaria.
Los logros se alcanzaron a costa de una lucha constante librada desde la sociedad civil y en los diversos criterios que han fijado ruta en legislaturas a través de las autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales electorales, sin embargo urge desterrar la idea de que la democracia solo se construye desde una visión sesgada, hay que dejar claro que este sistema será imperfecto si no se aterriza en actitudes, prácticas y valores que como sociedad debemos asumir dejando claro en primer lugar que sin mujeres no hay democracia.
