Proceso
Habitantes de la comunidad Tilzapote, ubicada en la costa oaxaqueña, entre San Pedro Pochutla y Puerto Escondido, denunciaron el despojo de 300 hectáreas, desde 2014, por parte de un grupo de abogados y notarios a quienes acusan de alterar documentos y escrituras a nombre de personas que no se han presentado en juicios interpuestos desde entonces.
De acuerdo con documentos en poder de Apro, existen dos quejas no resueltas por alteración de fecha de escrituras e inscripción tardía en el Registro Público de la Propiedad –avalados por la notaria 78 de Oaxaca, María Antonieta Chagoya Méndez–, sin embargo, se utilizaron como base para despojar de las 300 hectáreas de tierra a la comunidad indígena, donde se proyecta construir un complejo turístico.
En ese terreno ya existen dos escuelas, un mercado y un centro de salud, ubicados en el núcleo rural de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, que podrían ser demolidos por una sentencia del Tribunal Agrario en junio de 2014, a favor de dos particulares, denunciaron pobladores y comuneros.
Estos aseguran que tienen documentos legales que avalan el asentamiento del núcleo rural desde hace más de 70 años en esa región de la costa oaxaqueña. La disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, puntualizan, inició en 2008, y en 2014 los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños.
Edith Santibáñez Bohórquez, representante de los comuneros e integrante del área de asuntos jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que ese conflicto de despojo de tierras en Tilzapote se ha agudizado porque existe la pretensión de demoler edificios.
La abogada afirmó que desde 2014 dos supuestos propietarios del área presentaron un juicio agrario y de forma inusitada se les otorgó –en sólo dos años– una sentencia de desalojo para toda la comunidad que habita esa zona desde hace más de 70 años y que cuenta con escuelas públicas, centro de salud y una capilla.
Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olvera, acreditados como propietarios por la notaria María Antonieta Chagoya Méndez, nunca se han presentado al proceso. Tales irregularidades cometidas en el litigio ya fueron reconocidas por el consejero jurídico de la entidad, Octavio Tinajero, lo que ha permitido detener momentáneamente el desalojo en esa zona, considerada un paraíso en la costa.
Santibáñez Bohórquez dijo que ya solicitaron al gobierno federal que conozca toda la información fraudulenta con la que se armó el expediente, que inició con el supuesto título de propiedad otorgado por la responsable de la Notaría 78, María Antonieta Chagoya Méndez, sobre quien existen acusaciones públicas, dado que la patente –concedida por el entonces gobernador Diódoro Carrasco– se le otorgó 12 días después de terminado el período de gobierno del mandatario.
Chagoya Méndez forma parte de un clan familiar de notarios, que incluye a su hijo Carlos Salomón Velásquez Chagoya, investido como notario 104 del estado por el exgobernador Ulises Ruiz, cuando aquel contaba con apenas 27 años, violando la Ley Estatal del Notariado, que ordena tener 35 años cumplidos como requisito. Lo anterior, de acuerdo con actas de información proporcionada por la propia Consejería Jurídica del estado, vía transparencia, que ya circulan en diversos medios y redes sociales en Oaxaca.
El otro operador del clan es Ramón Velázquez Chagoya, quien en 2016 presentó una solicitud de patente de notario, que fue rechazada por los escándalos que envuelven a la familia.
Velázquez Chagoya es señalado por la comunidad de Tilzapote como operador del proyecto, a través de abogados representantes de los supuestos dueños, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olvera, a quienes se ha exigido su comparecencia física ante el Tribunal Agrario. Los señalamientos se centran en Ramón Velázquez porque, a decir de los abogados, apoyado en la fe pública de su madre realizó las apócrifas escrituras.
Adicionalmente, existen dos quejas interpuestas desde 2019 contra la responsable de la Notaría 78 de Oaxaca (12DGN y AGN/DJ/2019), por probable “datación de una escritura en una fecha anterior a la que efectivamente se realizó y/o inscripción tardía de dicha escritura en el Registro Público de la Propiedad”, que no han sido subsanadas por María Antonieta Chagoya Méndez.
La abogada Edith Santibáñez Bohórquez denunció que en su momento también estuvo coludido con el fraude el abogado defensor de la comunidad en el Tribunal Agrario, así como el delegado Francisco Javier Cañada, quienes dieron entrada a información inexacta.
Denunció que desde el año pasado la inmobiliaria Esmeralda de María 1 tenía previsto iniciar trabajos para la construcción de edificios en la zona, pero los habitantes del poblado de Tilzapote no lo han permitido y se han pronunciado –en las asambleas indígenas que rigen su usos y costumbres– para defender la comunidad incluso con su vida.
