La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación por la muerte de David A.V ocurrida el pasado 22 de enero, al interior del centro de detención municipal de Mazatlán Villa de Flores.
El organismo autónomo abrió el expediente DHPO/003/RSM/(22)/OAX/2021, al tener conocimiento a través de medios de comunicación que, luego de la detención de la persona antes mencionada por parte de elementos policiales y estando bajo su resguardo, el joven perdió la vida y fue encontrado colgado al interior de la celda.
Para el órgano autónomo, toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y, las autoridades responsables de ello deben garantizarles el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, los responsables de los centros de detención son garantes de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Por lo anterior y ante las acusaciones vertidas por familiares de la víctima, quienes señalaron a elementos de seguridad del municipio de Mazatlán Villa de Flores como responsables del deceso, la DDHPO solicitó la intervención inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de requerir la entrega de los resultados de la necropsia de ley efectuada.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, refirió que, hasta octubre de 2020, se documentaron tres casos de personas que perecieron al interior de centros de detención municipales, o bien, durante su detención, mientras que en 2019 se registró un caso.
La DDHPO sostuvo que, entre enero de 2020 y mediados de octubre de ese mismo año, se registraron 212 quejas relacionadas con abuso policial municipal, de las cuales 60 están en relación con falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad.
La privación de la vida por parte de agentes del Estado de manera arbitraria, constituye una grave violación a los derechos humanos, –independientemente de que la conducta se encuentre o no tipificada como una categoría específica de homicidio calificado o como un tipo penal autónomo en las leyes locales y nacionales– conforme lo establece el derecho internacional en los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, señaló la institución.
Ante ello, la Defensoría se pronunció por una investigación diligente y eficaz que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y el castigo efectivo a los responsables, la reparación de los derechos de las víctimas y la identificación de aquellas medidas necesarias para prevenir la repetición de hechos similares.
