Sin Embargo
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a finales del Gobierno de Vicente Fox Quesada, comenzó en 2006 a planear la instalación de la hidroeléctrica “Paso de la Reina” en el río Verde de Oaxaca sin una consulta indígena libre, previa e informada. Un año después, el 11 de julio de 2007, el defensor comunitario Fidel Heras Cruz (Paso de la Reina, 1979) cofundó el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), fuente de vida donde se reúnen habitantes de comunidades chatinas, mixtecas, afroaxaqueñas y mestizas de la Sierra Sur y la Costa Chica de la entidad.
El megaproyecto de la empresa pública –que pretende modernizar 60 hidroeléctricas para intentar cumplir la transición energética– sigue en la etapa de estudios, aún sin presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). A la par, derivado de la Reforma Energética del peñismo, la empresa ENERSI busca desde 2019 construir el proyecto hidroeléctrico “Río Verde” en la misma zona.
En marzo del año pasado, cuando comenzaba la pandemia en México, COPUDEVER alertó en un comunicado que aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina que no se realizará la presa “Paso de la Reina”, el 20 de febrero se publicó en la gaceta ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) de la presa promovida por la empresa. En junio de 2019, ingresaron por primera vez el estudio, pero fue rechazado por las asambleas comunitarias y negado el 29 de noviembre de ese año por inconsistencias presentadas. La respuesta de la Semarnat ante el segundo intento sigue en espera.
“El Gobierno Federal, Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas como ENERSI insisten en plantear proyectos sin nuestro consentimiento y atentando contra una de las cuencas con más diversidad en Oaxaca. Reiteramos nuestro rechazo a cualquier proyecto hidroeléctrico que se quiera imponer, instamos a la Semarnat y demás instancias del Gobierno Federal a respetar nuestra decisión”, exigió entonces el Consejo cofundado por Fidel, una organización de pueblos donde participan autoridades tradicionales, agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos y ejidatarios para salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales frente a los proyecto hidroeléctricos “Paso de la Reina” de la CFE y “Río Verde” de ENERSI.
Durante casi 14 años, defendió el derecho al territorio en la costa de la entidad, el agua y el medio ambiente sano. El 27 de junio iba a cumplir 42 años, pero este fin de semana fue asesinado. Tenía hijos y esposa. El pasado domingo 17 de enero, como autoridad agraria rindió un informe durante una asamblea comunitaria del Ejido Paso de la Reina sobre la explotación del material pétreo del río Verde, impulsada por la Presidencia Municipal de Santiago Jamiltepec desde 2019, así como el avance de la construcción del edificio que albergará la sede del Comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos otorgados por la extracción.
Cada 14 de marzo las comunidades aledañas celebran con música, flores y un baile por la noche al río Verde, donde niños y adultos se bañan y pescan camarones congas o peces blanquillas. Y fue un 24 de marzo de 2006 cuando la CFE anunció la construcción de la presa denominada “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” sobre este río, aguas arriba de la confluencia con el río Leche.
“No ha habido un proceso de consulta. El derecho ha sido bastante manipulado. Ellos y ellas lo que argumentan es que han decidido en sus asambleas comunitarias tanto agrarias como municipales o en sesiones de cabildo la no aceptación de estos proyectos. Lo que ellos piden es que se respete esta toma de decisiones”, expuso una integrante de EDUCA Oaxaca en charla telefónica después del asesinato de Fidel Heras.
La presa estima tener una cortina de 160 metros, a un kilómetro arriba del poblado de Paso de la Reina, lo que impactaría a lo largo de 3 mil 100 hectáreas, de acuerdo con el Environmental Justice Atlas. La construcción del proyecto, al convertir el río en un lago artificial, afectaría por desplazamiento o inundación a 17 mil habitantes e indirectamente a otros 97 mil de 43 comunidades mixteco, chatinos, afromexicanos y mestizos de seis regiones costeras con zonas sísmicas, incluyendo el poblado de Fidel. También pondría en riesgo áreas de tierras agrícolas; y la biodiversidad de fauna y flora, entre ellos el Área Natural Protegida (ANP) y el sitio ramsar Parque Nacional Lagunas de Chacahua, uno de los más antiguos del país al datar desde la década de los 30 en la época de Lázaro Cárdenas.
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Ubicación donde estaría la hidroeléctrica de la CFE. Imagen: Google Maps
De acuerdo con la CFE, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos gestionó la participación de los involucrados a través del Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur con el propósito de desarrollar un proceso de información y consulta anticipado durante la etapa de planeación, previo a su posible desarrollo para incorporar propuestas viables, inquietudes e ideas de los poblados de la costa.
Sin embargo, desde 2011 la organización Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro” (Centro ProDH) y EDUCA Oaxaca han documentado que además de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina”, para generar energía la CFE pretendía construir en el mismo río la Presa “Santiago Ixtayutla” y la presa “Cambio de Régimen”. Han denunciado la falta de transparencia del proyecto definitivo. Desde 2006 les han negado solicitudes de información o han cambiado datos. En un principio la paraestatal decía que la cortina iba a medir 195 metros y que iba a tener una inversión de 600 millones de dólares, así como la creación de 10 mil empleos directos e indirectos. Ahora se habla de más de mil millones de dólares.
“En una primera etapa lo que hizo la CFE fueron reuniones informativas con grupos focales a lo que le llamaban consulta. Sin embargo, en este proceso de defensa del río Verde el COPUDEVER denunció que no estaban consultando a los pueblos, sino solo reuniones”, afirmó la integrante de EDUCA Oaxaca, organización que también ha documentado la falta de consulta libre, previa e informada en la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Organizaciones locales y ambientalistas exigen al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía estatal justicia por el asesinato de Fidel Haras, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, su poblado rodeado de cerros verdes y el río. La tarde del sábado 23 de enero su cuerpo fue hallado con impactos de balas dentro de un vehículo, ubicado a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio oaxaqueño Santiago Jamiltepec. Dos días antes, el 21 de enero, había recibido una amenaza de muerte anónima. El mensaje estaba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado, reportaron las autoridades locales.
“No se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico ‘Paso de la Reina’ y del Proyecto Hidroeléctrico ‘río Verde’”, expusieron ayer en un comunicado conjunto el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde; autoridades agrarias y municipales del Ejido Paso de la Reyna; la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca; EDUCA Oaxaca; y Ecosta Yutu Cuii.
Desde el 2019, contextualizaron las organizaciones, la Presidenta Municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al río Verde para extraer material pétreo, a lo que las comunidades se opusieron. La Edil suscribió un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento la población se negó a que continuara con la explotación del río.
La presión entre autoridad municipal y comunidades se agudizó en agosto pasado. Aunque en diciembre dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del Ejido, la maquinaria sufrió daños menores, lo que ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del excacique de la región Chulindo Iglesias. Exigió el pago de daños y lanzó amenazas contra Fidel. Durante la asamblea del domingo pasado, se mencionó un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el homicidio del defensor comunitario y solicitó medidas cautelares. El órgano autónomo inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021, y pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas para garantizar su integridad. Entre 2015 y 2020, ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca.
