La Jornada
Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran 79.5 por ciento de los cuerpos hallados en fosas clandestinas, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2020, informó la Secretaría de Gobernación (SG). Tan sólo en las dos primeras entidades fueron encontrados –el año pasado– 637 cadáveres, equivalentes a 63 por ciento de los episodios de asesinato e inhumación ilegal ligados al crimen.
La SG reconoció el trabajo de familiares de víctimas, quienes organizados en alrededor de 120 colectivos han hecho posible la localización de fosas clandestinas, algunas “masivas”, como ocurrió de octubre a diciembre pasado en zonas urbanas de Guanajuato, donde se encontraron cadáveres “de personas muy jóvenes, incluso adolescentes y muchas mujeres”.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, funcionarios de la SG explicaron que en los dos primeros años del gobierno actual, fueron recuperados 2 mil 395 restos humanos; 39 por ciento ya está identificado y, de ese grupo, 21.75 por ciento fue entregado “de manera digna” a sus familias.
Los seis municipios con el mayor número de cuerpos recuperados en 2020 son El Salto, Jalisco, con 189 cadáveres (18.75 por ciento del total nacional); Tlaquepaque, Jalisco, donde se hallaron 88, equivalente a 8.73 por ciento del acumulado general; Salvatierra, Guanajuato, con 79 (7.84 por ciento); Acámbaro, con un aproximado de 75 cuerpos (7.44 por ciento); Cortazar, Guanajuato, 50 hallazgos (4.96 por ciento), y Zapopan, Jalisco, con 46, equivalente a 4.65 por ciento.
Los seis ayuntamientos tuvieron, en conjunto, 52.37 por ciento de los cuerpos.
En el caso de Acámbaro se encontraron 15 cuerpos completos y restos en bolsas que según los peritos pueden corresponder a otros 60 individuos.
“En 2020 se mantiene el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados. Esto obedece fundamentalmente, a nuestro juicio, al incremento de la violencia delictiva, particularmente el levantamiento de grupos criminales en distintas zonas del país, de manera destacada en Guanajuato, Jalisco y Guerrero”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG.
El funcionario explicó que se puede hablar de una disminución de hallazgos en 2020, aunque las fosas no necesariamente fueron abiertas en ese periodo.
Si bien el registro histórico de personas desaparecidas comenzó en 1964, en hechos vinculados con la persecución de la disidencia política, en 2006 se inició un camino “muy siniestro, con un conjunto de prácticas en donde hubo responsabilidad clara de la autoridad –y omisiones– que condujo a estos niveles de violencia y desaparición”.
Luego, “efectivamente llegó a su pico en 2019, pero en 2020 ya registra esta disminución significativa, donde pasamos de 8 mil 964 denuncias a 6 mil 957”.
