La diputada Magaly López Domínguez abrió este martes un proceso ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contra el titular de la Secretaría de Salud del estado, Juan Carlos Márquez Heine, por incumplir la ley que prohíbe de la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad.
Con la omisión de cumplir y hacer cumplir la prohibición contenida en el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, el secretario atenta contra la salud de la infancia, viola el artículo 14 constitucional y transgrede el principio del interés superior de la niñez, expuso la diputada al salir de las instalaciones del organismo garante de los derechos humanos en el estado.
López Domínguez expresó que el secretario también es omiso en el cumplimiento del artículo cuarto transitorio del decreto 1609, que le establece la obligación de determinar qué bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad en el estado, conforme las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites de azúcares, grasas y sodio añadido.
En su escrito de queja, la legisladora oaxaqueña también solicitó a la Defensoría que emita las medidas cautelares necesarias para evitar la continuación de las violaciones colectivas y masivas a derechos humanos de la población en general del estado de Oaxaca, y especialmente de las niñas y los niños del estado, por la omisión del titular de la Secretaría de Salud del gobierno del estado.
La diputada impulsora de la “ley antichatarra”, que entró en vigor en septiembre pasado, señaló que Márquez Heine ha manifestado oponerse a la prohibición argumentando que su aplicación implicaría confrontarse con la industria alimentaria, y eso quiere decir que el secretario pondera los intereses económicos de las empresas por encima de la salud de las niñas y los niños de Oaxaca”.
“Se supone que es un empleado del pueblo, que está al servicio del pueblo de Oaxaca que le paga su salario, pero el secretario está operando sólo a favor de los intereses de las grandes transnacionales”, manifestó la legisladora.
“El secretario no ha comprendido qué significa el interés superior de la niñez, y no ha comprendido que los servidores públicos están obligados a hacer lo que la ley les ordena”, expuso después de entregar formalmente el escrito de queja, y explicó que el funcionario está obligado a garantizar que en el estado de Oaxaca se cumpla con la prohibición de vender alimentos chatarra a menores de edad.
