ERNESTO REYES
El presidente de la República se confrontó con Artículo 19, al salir en defensa de la también periodista y directora de la Agencia Mexicana de Noticias, Sanjuana Martínez, actualmente asediada por huelguistas corruptos que no la quieren, como parte de una estrategia para que el Estado carezca de servicios informativos.
AMLO tocó, con un comentario, a la organización no gubernamental que se ocupa de la defensa de los derechos humanos de periodistas agredidos en el mundo, al señalar que tiene financiamiento extranjero, poniendo énfasis en su cercanía con el magnate Claudio X. González, cabeza del conservadurismo mexicano. Visto el prestigio histórico de A19, el mundo mediático se le vino encima, acusándolo de intolerancia a la crítica.
Es verdad que parte del financiamiento de las actividades de A19, así como de fundaciones y gobiernos para proyectos e iniciativas de Derechos Humanos, proviene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ante la falta de donadores locales, para ésta y otras causas, Ong’s mexicanas recurren a dichos apoyos “para acciones de desarrollo, a favor de la naturaleza y los DDHH”.
Por coincidencia, esta semana detonó el tema sobre el financiamiento empresarial de Latinus, plataforma que le da voz a Carlos Loret y a Brozo, que no son otros más que Roberto Madrazo y su hijo; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y otros. El tema lo difundió, en el portal Sinembago, el periodista, Álvaro Delgado, quien con Alejandro Páez Varela, daban vida al programa de análisis, “Los periodistas”, que se transmitía por La Octava, propiedad del empresario radiofónico Juan Aguirre. Pero 24 horas después de la publicación, ambos anunciaron su retiro, porque “las condiciones de su contratación habían cambiado”. La semana pasada, Delgado había renunciado a la revista Proceso.
El año pasado, por motivos similares, había abandonado La Octava, el columnista, Julio Hernández. Y hace poco el mismo grupo radiofónico se asoció con Carmen Aristegui, víctima de la censura de Enrique Peña Nieto. ¿Será que Álvaro y Alejandro no se habían sumado a las descalificaciones en contra de la 4T y el presidente, y por ello dejaron de ser confiables para la empresa? Cómo han cambiado las cosas: antes las empresas silenciaban a quién atacaba al gobierno; hoy se les exige hacerlo o se les expulsa.
No existe periodista, cuya integridad haya estado en peligro, que no agradezca la intervención de Artículo 19 en la defensa de sus derechos. Los fines y propósitos de dicha agrupación, no están a discusión. El tema de fondo es que se hace visible a los inescrupulosos de la tribu, y el poco apego a la moral de quienes abanderan causas. Como la ética rebasa las hipótesis normativas previstas como obligatorias en el aparato jurídico vigente – dice Ernesto Villanueva- puede haber conductas lícitas, pero no éticas.
El mandatario acusó a Darío Ramírez y al actual representante de A19, de estar detrás de los embates contra Sanjuana, porque reportes en contra de ella han sido tomados como ciertos por el Departamento de Estado estadounidense. Ramírez, tuvo a su cargo la Ong durante 10 años, pero al salir fue contratado, por Claudio X. González, cabeza visible de Mexicanos contra la Corrupción, como vocero del grupo.
A diferencia de mandatarios anteriores, López Obrador no tiene asociaciones oscuras ni controla a medios privados de comunicación. Esto se puede constatar contemplando la andanada mediática que cayó sobre él por atreverse a tocar a Artículo 19. Es parte del costo, en el ejercicio del poder.
El Código Internacional de Ética periodística de la Unesco establece, entre sus 10 puntos, que la integridad de la profesión prohíbe al periodista el aceptar cualquier forma de remuneración ilícita, directa o indirecta, y el “promover intereses privados al bien común”. Y así como el comunicador participa activamente en las transformaciones sociales, “debe respetar el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas político, social, económico, cultural”.
Criticar a la prensa, es considerada una actitud intolerante, porque antes el poder presidencial no tenía necesidad de aclarar sus posturas ante la opinión pública. Simplemente mandaba callar a medios incómodos por las vías económica o la represión directa. Para aclarar esta controversia, valdría la pena convocar a un diálogo abierto, donde participen Artículo 19, Claudio X, la presidencia y gente respetable de los medios.
@ernestoreyes14
