El País
Arturo Zaldívar tiene un perfil doblemente singular como presidente de la Suprema Corte de Justicia mexicana. Primero, porque ha llegado a la cúspide de la judicatura sin ser un juez de carrera, sino través de una exitosa trayectoria como abogado en el sector privado. Segundo, porque durante su etapa todavía como ministro rompió con otra regla no escrita al apoyar un puñado de sentencias que contravenían los intereses del Gobierno panista de Felipe Calderón, que le había aupado en el cargo. Este abogado de prestigio encarna ahora un nuevo punto de inflexión en la historia del máximo tribunal: la insólita extensión de su mandato, recién aprobada este viernes por la mayoría de Morena en el Parlamento. Una reforma sin precedentes acusada de saltarse la Constitución y de invadir la independencia judicial que, para mayor paradoja, se jugará muy probablemente su viabilidad en las manos del propio Zaldívar.
La reforma, sacada adelante de manera exprés y sin apenas margen de maniobra por parte de la oposición, ha colocado al magistrado en el centro del huracán durante la última semana. Juristas y organizaciones civiles le han criticado con dureza por plegarse, de momento, a las invectivas de Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, apuntando a una peligrosa correa de transmisión entre el presidente del Supremo y la agenda ideológica del partido en el poder.
Las críticas, en todo caso, no siempre corrieron en la misma dirección. Durante mas de dos décadas, Zaldívar (Queretaro, 61 años) fue cimentando un enorme prestigio como uno de los mejores litigantes del país. Su especialidad era un área muy concreta: el juicio de amparo. La vía procesal mexicana de protección de los derechos fundamentales frente a la Administración. Un recurso muy técnico y caro. Entre los clientes de su despacho, Zaldívar Lelo de Larrea y Asociados, se encontraban grandes empresas y bancos mexicanos e internacionales. Unos vínculos profesionales que, pese a su viraje progresista en los últimos años, provocaron suspicacias dentro de Morena y el entorno de la izquierda cuando su nombre empezó a sonar a finales de 2018 como candidato para presidir el Supremo.
Su entrada en el Supremo tampoco llegó precisamente de la mano del progresismo. En enero de 2010, tras la jubilación del ministro Genaro Góngora Pimentel, el presidente Felipe Calderón designó a Zaldívar como sustituto. Antes de hacerse pública la elección, el todavía abogado recibió en varias ocasiones a dos pesos pesados del Gobierno panista en su despacho: el senador Germán Martínez, que a la postre lideraría el trámite de la designación en el Senado, y Roberto Gil, secretario particular del presidente. “Querían asegurar cierta lealtad y confirmar cuál era su posición ideológica en algunos temas claves para despejar las sospechas sobre sus posibles tintes izquierdistas”, apunta un abogado cercano a Zaldívar en aquella época.
Distanciamiento con el PAN
El acercamiento del actual presidente del Supremo con el PAN comienza en los ochenta durante su etapa como estudiante en la Escuela Libre de Derecho, un prestigioso centro de estudios, semillero de cuadros panistas, como el propio Calderón o su futuro secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, con el que Zaldívar tejió una buena relación personal. La sintonía con la derecha mexicana se quebró sin embargo tras las primeras decisiones del ministro dentro del tribunal. Zaldívar tomo partido en varias sentencias en contra de los intereses del Gobierno del PAN. Por ejemplo, la exigencia de responsabilidades en el incendio de la guardería ABC, donde una de las dueñas era familiar del presidente, o la liberación de Florence Cassez, un caso que escaló a conflicto diplomático tras la detención de la ciudadana francesa producto una cadena de flagrantes irregularidades.
“Ahí comienza su giro progresista. O más bien garantista de derechos fundamentales, tal y como había hecho durante su carrera como abogado”, apunta Javier Martín Reyes, profesor del CIDE y especialista en derecho constitucional. En 2019, ya como presidente del alto tribunal, Zaldívar reconoció que en aquella época recibió presiones del directamente del presidente Calderón. “Además de por su técnica, siempre ha sido un magistrado que se ha caracterizado por no tener miedo a decir que no al Gobierno de turno. Pero le ha tocado un momento muy difícil para ser presidente de la Corte”, añade el profesor de derecho constitucional.
Zaldívar ya lanzó un primer intento para conquistar el trono de la judicatura. Fue en 2015, todavía durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. Tras una votación interminable entre los ministros del tribunal, las resistencias por parte de los jueces de carrera y los exfuncionarios del Estado priista colocados como ministros por Peña Nieto dieron al traste con la candidatura de un perfil no alienado. La segunda oportunidad se dio de la mano de la aplastante victoria de Morena en 2018. La campaña a su favor no solo vino de las manos del nuevo Gobierno. Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y compañero de Zaldívar durante su época como profesor en la universidad mexicana, recuerda que Televisa lanzó un programa monográfico sobre el entonces candidato: “Nos invitaban a distintos juristas para comentar sentencias en las que había participado Zaldívar. Era un intento de reformar su imagen como juez progresista”.
Su aura como jurista técnico, riguroso y dialogante, con un pie en los despachos profesionales y otro en la academia, se ha visto resentida por episodios como la invitación en noviembre del año pasado por parte del presidente López Obrador a una de sus conferencias matutinas para escenificar la firma del proyecto de reforma constitucional de la judicatura, impulsado y redactado desde la cabeza del alto tribunal con la anuencia del Gobierno. “Es cierto que los magistrados no tienen potestad para presentar iniciativas parlamentarias. Pero nunca habíamos visto un nivel de colaboración de este calado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”, señala el profesor del CIDE Martín Reyes.
Los expertos consultados para este perfil no dudan en que Zaldívar llegó al Supremo con la voluntad de renovar el aparato judicial, una institución opaca y con importantes carencias en materia de rendición de cuentas. Pero a la vez subrayan su deriva cada vez más cercana a las ambiciones del proyecto por parte del Gobierno, que aspira a perfilar un Poder Judicial más favorable, que eventualmente no suponga un freno a sus reformas. “Desde 2019, tanto él como el senador Monreal se lanzaron en una campaña contra el lujo y la opulencia de los jueces”, añade el investigador de la UNAM Cocha Cantú.
La reforma judicial, en todo caso, ha sido tildada por juristas y expertos como equilibrada. El trabajo de Zaldívar habría frenado los intentos de cooptación política por parte de Morena, que aparecían en los primeros borradores, pero a costa de concentrar aún mas el poder en el Consejo de la Judicatura, el órgano de Gobierno de los jueces, y la propia Corte. Ambas instituciones presididas por Zaldívar, que terminaba su cargo el año que viene. Ahora, tras la votación del parlamento, el nuevo plazo es hasta 2024, el mismo año en que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Un escenario que aún debe ser validado por el máximo tribunal, que recibirá en las próximas fechas un recurso de inconstitucionalidad que ya ha sido anunciado por la oposición. Zaldívar ya ha adelantado que se excusará de la discusión sobre el asunto por conflicto de interés, pero no ha descartado su participación final. Será, en ese caso, su última bala para escapar de la guerra ideológica de López Obrador en la que lleva atrapado durante toda esta semana.
