Uriel Pérez García
En el argot jurídico es muy común escuchar el término de “acción afirmativa” que en la práctica sigue suscitando debate, no obstante, desde su definición básica se refiere a distintas políticas o acciones de carácter temporal que buscan compensar y remediar la situación de aquellos grupos a los que van dirigidas por encontrarse en desventaja, pero que en muchas ocasiones no se materializan derivado de que son otros sectores quienes terminan beneficiándose.
El fin último de las acciones afirmativas es que se termine por alcanzar la igualdad efectiva de aquellos grupos que históricamente han sufrido discriminación por cuestiones de género, religión, color de piel, etnia y en general todas aquellas minorías que han sido marginadas en la construcción de políticas públicas y en la inclusión de la toma de decisiones que inciden en su nivel de desarrollo económico, político y social, viéndose desfavorecidos además en otros ámbitos de su vida.
Desde esta perspectiva, en la esfera político electoral a lo largo de las últimas décadas se han implementado diversas acciones afirmativas que han permitido la incorporación y participación de grupos marginados en la toma de decisiones y en la representación política, de tal forma que de manera particular las mujeres, sin la implementación de estas acciones, hasta hace algunos años no tenían las posibilidades reales de alcanzar puestos de representación en condiciones de igualdad frente a los hombres.
En este tenor, es encomiable resaltar que además de las mujeres, en los últimos años también se ha avanzado en la implementación de acciones tendientes a incorporar a personas indígenas, miembros de la población LGBTTTI y recientemente a personas afroamericanas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en la participación política en la modalidad de voto pasivo a través de la postulación de candidaturas que permeen en la representación y sobre todo en un cambio a largo plazo reflejado en una sociedad más incluyente.
No obstante, uno de los obstáculos principales a los que se enfrenta la implementación de este tipo de políticas, es la resistencia a romper estas barreras históricas que ajustadamente se han construido para mantener estos esquemas de discriminación, de tal suerte que el resultado fatídico ha sido la simulación que termina beneficiando a algunas personas que no necesariamente se encuentran en este contexto histórico de discriminación y que son postuladas en candidaturas reservadas justamente para compensar esta exclusión de los grupos en situación de desventaja.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas, ha planteado la perspectiva de la “teoría de las dos clases” que propone que quienes terminan aprovechándose de las acciones afirmativas es el segmento más afortunado de los grupos beneficiarios, es decir a los menos desfavorecidos y que reclaman de este trato diferenciado que debe impactar en los grupos verdaderamente discriminados.
En el actual proceso electoral, las autoridades electorales nacional y locales han aprobado la implementación de acciones afirmativas que permitan una mayor representación política de los multicitados grupos, no obstante resulta evidente que en la postulación surgen repentinamente candidaturas que se asumen como indígenas o miembros de la población LGBTTTI con la única finalidad de cubrir el requerimiento a los partidos políticos -que tampoco resulta del todo sencillo, mas no imposible- y no dejar estos espacios vacíos.
Resulta lamentable que la simulación no solo se dé a nivel de los propios partidos para cumplir la norma, sino que además se suscite por las propias candidatas o candidatos que sin el menor sentido moral y ético siguen discriminando a quienes verdaderamente pertenecen esos espacios, lo mismo sucederá a nivel municipal con la postulación de candidaturas que al no verse beneficiadas por los partidos políticos saldrán con la bandera de candidaturas indígenas que buscarán competir en los comicios, luego de que el instituto electoral local aprobara los lineamientos en la materia.
En este sentido, es importante desde las autoridades electorales, poner especial énfasis en la revisión de mecanismos de prueba idóneos para acreditar la vinculación y pertenencia a estos grupos y desde los partidos políticos eliminar esas barreras que de manera histórica han impedido su inclusión en la vida pública, sin soslayar la urgencia de una sociedad que destierre el uso y costumbre de la simulación.
