El Universal
Desde hace un año, la organización DLR se dedica a identificar, denunciar y en muchas ocasiones dar de baja los perfiles de usuarios detectados en redes sociales, principalmente en Twitter y Telegram, dedicados a la venta y distribución de material íntimo de mujeres oaxaqueñas; hasta hoy se han encontrado más de 900 víctimas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la organización, conformada por 15 personas, explica que en un año de operación han podido detectar al menos a 250 usuarios que distribuyen material íntimo sin consentimiento de las víctimas.
Todo ello a pesar de que en Oaxaca la Ley Olimpia, que penaliza la violencia digital y la pornovenganza, se aprobó desde julio de 2019 y la semana pasada a nivel nacional. Ante dicho escenario, a decir del colectivo, la legislación no ha sido bien instrumentada, pues sólo se han judicializado tres casos, uno de ellos con sentencia en la entidad.
Aunado a ello, afirma, las redes de distribución de material íntimo sin consentimiento proliferan. Cuando DLR inició operaciones detectaba tres o cuatro cuentas al día dedicadas a distribuir material; actualmente, descubren hasta 40 diariamente.
“No hay como tal una unidad dedicada a investigar o detectar este tipo de redes. Además, si no existe una denuncia tampoco hay una investigación, por eso los grupos continúan surgiendo. El anonimato que existe en estas redes los protege de ser denunciados”, señala.
Cientos de víctimas
“Hemos contactado a las 900 mujeres cuyas fotos estaban contenidas en la carpeta más grande que hemos encontrado, pero sólo hemos dado seguimiento a 450 casos, porque las demás quieren darle la vuelta a la página”, declara el colectivo.
DLR detalla que entre sus integrantes hay especialistas en seguridad informática, quienes crearon perfiles que funcionan a manera de bots para integrarlos a grupos en las redes sociales donde los videos y fotos se distribuyen, posteriormente generan contacto con los integrantes para obtener información, hasta llegar a los responsables de las redes de distribución.
En un año, han exhibido a través de las redes a 60 personas que participan en la distribución de ese material, pero en muchas ocasiones, dado que quienes lo distribuyen tienen algún tipo de relación familiar o sentimental con las víctimas, son justamente ellas quienes piden que no sean exhibidos.
Los distribuidores, detalla, se dividen en tres personas: quienes ejercen pornovenganza hacia conocidas o exparejas, quienes hacen compra-venta en redes y quienes generan el tráfico comprando todo el material. Entre éstos también se han detectado a quienes ejercen phishing, es decir, usan links maliciosos para acceder al material digital.
Hasta ahora, sólo 10% de los más de 900 casos detectados se han judicializado.
El colectivo detalla que ello se debe a que las autoridades encargadas de los procesos judiciales revictimizan a las mujeres, lo que orilla a desistir de sus denuncias.
DLR señaló que las mujeres que requieran su apoyo sólo deben enviar un mensaje a sus redes sociales.
