La Jornada
El gobierno mexicano envió el jueves una nota diplomática a su contraparte estadunidense en la cual solicita aclarar el financiamiento otorgado por una agencia de la nación vecina a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, considerada por la administración del presidente López Obrador como un grupo opositor con fines políticos.
El mandatario reveló lo anterior minutos antes de la conversación con Kamala Harris, vicepresidenta de EU, y señaló que el apoyo, a partir de recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), es una acción injerencista, reprobable y violatoria a la Constitución, con características propias de actos golpistas.
“Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo” el cual –añadió– no sólo significa uso de armas por parte del ejército, sino también los movimientos gestados con apoyo de gobiernos extranjeros y medios de comunicación, como lo que ocurrió en Chile en 1973 o al presidente Madero en 1913.
Por tanto, consideró, es una “práctica equivocada” de Washington –que antes infiltrara agentes en los países, comentó– y ahora subsidie a opositores a gobiernos legítimamente constituidos. No obstante, descartó que el episodio afecte la relación bilateral.
Señaló que esa asociación, encabezada por Claudio X. González Jr., “es una banda, una organización delictiva de cuello blanco”, una “reacción conservadora” que ahora “articuló” a todos los opositores como “Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, desde luego, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información”, para arrebatar la mayoría en el Congreso y que su gobierno no pueda usar el presupuesto en beneficio de los pobres.
“Imagínense, dinero de la embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra”, dijo. Esos recursos, indicó como hipótesis, pudieron haber ido a comentaristas o hacia abogados que elaboran amparos contra el gobierno.
Según los documentos presentados en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el grupo ha recibido de 2018 a la fecha “alrededor de 50 millones de pesos”, incluidos 40 millones reportados por el Servicio de Administración Tributaria, junto con otras organizaciones receptoras de “donaciones hechas por la embajada de Estados Unidos”.
En la nota diplomática, el gobierno de México reconoce como esencial y respetable el trabajo de la sociedad civil, lo mismo la lucha contra la corrupción, pero advierte que miembros de la organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia contra el gobierno de México.
Por tanto, solicita suspender el apoyo financiero”, porque “va contra las relaciones de respeto mutuo y no intervención propios de la relación” entre ambos gobiernos.
