La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación ante la denuncia efectuada por representantes de personas comuneras pertenecientes al municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, Oaxaca, quienes señalaron que autoridades del Registro Civil y del Registro Agrario Nacional (RAN), habrían validado el fallecimiento de 22 personas que actualmente se encuentran vivas.
El hecho, advirtió el organismo autónomo, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
La DDHPO informó que, tras iniciar el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021, solicitó información a las autoridades señaladas como responsables, pues tiene conocimiento que 22 de esas personas comuneras supuestamente fallecidas, cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
E indicó que analizará la posible comisión de violaciones a derechos humanos en las que probablemente incurrieron servidores públicos de las instituciones responsables, fundamentalmente, relacionados con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que aún se encuentran vivas, hecho que tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes, sobre todo, los concernientes a su carácter de persona comunera.
Así también, la Defensoría advirtió que es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que, en Oaxaca, el 76 por ciento del territorio es propiedad social –comprendiendo siete mil 200 millones de hectáreas–, lo cual implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello, evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras.
El órgano autónomo manifestó su especial preocupación respecto a la obligación que las autoridades tienen de proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en nuestra entidad, pues en un Estado de Derecho, esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de otros derechos.
La Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conzatti, quienes señalaron la actuación irregular del Registro Civil, por robo de identidad.
La institución apuntó que entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, se han documentado 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.
Entre los derechos mayormente violentados que se desprenden de las propias quejas, se encuentra el relacionado con la seguridad jurídica, legalidad, identidad, petición y pronta respuesta, así como derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
En este contexto, pidió a las diferentes autoridades encargadas de reconocer y proteger la personalidad jurídica de las personas, actuar con responsabilidad en los actos jurídicos que les toca validar, y buscar desterrar las prácticas contrarias a ello, pues no hacerlo, además de las sanciones administrativas o penales a que diera lugar la mala praxis, se generan serios perjuicios a las personas físicas o colectivas agraviadas y en no pocos casos, profunda inestabilidad social en los territorios.
