Animal Político
A más de un año del inicio de la pandemia de coronavirus en México, el panorama económico para las familias es poco alentador. Aún en el mejor escenario en el que las personas mantuvieron sus empleos, su ingreso cayó y provocó que no tuvieran lo suficiente para comprar la canasta alimentaria.
Entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, el número de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria aún teniendo un ingreso laboral aumentó en 3.8 puntos a nivel nacional y la situación fue aún peor en las entidades. Los habitantes de Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los más afectados, con aumentos de 14.9, 10.1 y 8.4 puntos porcentuales respectivamente.
Así lo detectó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el estudio “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres”, publicado este lunes.
La imposibilidad de comprar la canasta alimentaria con su ingreso laboral podría tener efectos aún más devastadores entre aquellas familias que tiene un solo proveedor o proveedora y que hasta 2018 a nivel nacional, sumaban 17.7% de familias se encuentran en esa situación, señala el estudio.
Además, el confinamiento por pandemia también provocó el aumentó el porcentaje de población en situación de pobreza laboral, pues pasó de 35.6% en el primer trimestre de 2020 a 39.4% en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con cifras del Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, pues pasó de 1,919 pesos a 1,827 pesos.
Esta disminución de los ingresos en el hogar o la pérdida de empleos, a su vez, trae consigo más complicaciones, como el riesgo de perder la vivienda, el acceso a los servicios, o que las familias sean desalojadas por falta de pago.
Si bien el porcentaje de personas en viviendas donde vive el dueño o propietario representa cerca de tres cuartas partes de la población (71.6%), se debe considerar que de ese total 58.6% habitaba viviendas que se estaban pagando. Por otra parte, las entidades con mayor porcentaje de la población donde se paga renta es Quintana Roo (27%), Jalisco (26%) y Colima (24%).
Sobre la pérdida de empleo entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021, fue mayor para los trabajadores informales que registraron una caída en el número de ocupados de aproximadamente 5.5%, mientras que en el sector formal esta disminución fue 2.6%.
Entre los sectores de la economía afectados, con excepción de los sectores de servicios sociales, así como de gobierno y organismos internacionales, el sector comercio tuvo la mayor caída, con una pérdida aproximada de 615 mil empleos, seguido del sector de restaurantes y servicios de alojamiento con una pérdida de 603 mil ocupados.
Y puede ser peor; urgen acciones
El Coneval también hizo un análisis sobre las intervenciones gubernamentales para ayudar a la población durante el periodo de pandemia. Sin embargo, la mayoría de programas ya existían, es decir, no se trata de acciones específicas para los problemas generados durante el confinamiento, el contagio, y la pérdida de empleos o incremento de pobreza laboral.
“Dado que las intervenciones no fueron creadas exclusivamente para atender la emergencia sanitaria, no es posible atribuir que el total de presupuesto ejercido fue destinado a acciones para prevenir o mitigar los efectos de la COVID-19. Tampoco es posible saber cuál es el porcentaje de cobertura de las intervenciones analizadas, en contraste con el total de la población que presenta la afectación por el virus SARS-CoV-2”, advierte el Coneval.
Y aunque el gobierno federal puso en marcha programas de transferencia monetaria, “ningún programa tiene evidencia de realizar acciones vinculadas con mitigar el riesgo de la pérdida de activos familiares como estrategia para compensar la pérdida de ingresos, ni el riesgo de aumento en la inseguridad alimentaria”.
El Coneval también analizó los riesgos en los que se encuentran los sectores de la población a partir de los cambios generados por la pandemia, y “del total de los 76 riesgos identificados, 27 de estos no tuvieron algún programa presupuestal de desarrollo social vinculado a su atención”.
Entre los riesgos identificados por el Coneval en materia laboral está, por ejemplo, las “complicaciones para volverse a integrar al mercado laboral; incremento del periodo de desempleo; incremento de la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos ante la pérdida de la seguridad social laboral.
Probabilidad de que grupos poblacionales que normalmente no trabajan tengan que involucrarse en actividades productivas para contribuir al gasto familiar; pérdida de activos familiares y sobreendeudamiento como estrategia para compensar la pérdida de ingresos; pérdida de prestaciones sociales por el cambio de esquemas laborales y reducción de los ingresos laborales”.
Estos riesgos identificados buscan ser un instrumento central en la planeación de las medidas de contención y protección, a fin de ponderar efectos colaterales y considerar medidas de atención para la potencial población afectada, así como para la previsión de futuros fenómenos, señaló el Coneval.
Por lo tanto, propone considerar elementos mínimos que permitan acciones coordinadas, tales como la definición de una secuencia de intervenciones de programas necesarios para atender la emergencia, la selección del conjunto de actores que participará en la toma de decisiones, la definición de un espacio para tomar decisiones conjuntas, la cual se sugiere que tenga la autoridad suficiente para modificar su diseño y operación, así como la existencia de información oportuna y sistematizada.
