Uriel Pérez García
Para combatir la corrupción de manera efectiva se requiere entender los mecanismos que se interrelacionan para dar forma y fondo a este fenómeno, empezando por los procesos electorales donde los partidos políticos reciben altas cantidades de dinero que les permitan ser competitivos, para que a cambio de este financiamiento se les conceda no solo tener posiciones estratégicas dentro del gobierno, sino además apuntar a la recuperación de lo invertido mediante la ejecución de obra pública.
Desde esta perspectiva los partidos políticos una vez que llegan al gobierno emprenden una especie de captura de los espacios públicos incluyendo aquellos que suelen ser de carácter autónomo, puesto que buscan tener el mayor nivel de maniobra para responder a los intereses económicos que los llevaron al poder soslayando el interés general.
Lo anterior explica de manera clara los intereses que están en juego desde las legislaturas locales y la federal en el momento de realizar nombramientos de titulares de aquellas instituciones que deben fungir como contrapesos, hablando concretamente del caso de combate a la corrupción, como entes de control y fiscalización de los recursos, de modo que los partidos políticos siguen incidiendo de acuerdo a sus compromisos en espacios que deberían ser de carácter meramente profesional y ciudadano.
Así, el mecanismo básico de la corrupción se dibuja en primer lugar en los procesos electorales con inversiones millonarias que permiten llevar candidaturas realmente competitivas, para posteriormente tener influencia en el nombramiento de quien controla los recursos, quien los audita y finalmente quien ejecuta las acciones de gobierno, estrictamente la obra pública.
En el plano local, hay que decirlo con todas sus letras, no hay una auténtica voluntad de combatir la corrupción, puesto que en primer lugar no es visible un verdadero diseño institucional que permita establecer los contrapesos requeridos para la consolidación democrática, sigue prevaleciendo un esquema de complicidades que impide avanzar hacia el profesionalismo, la eficiencia, eficacia y una competencia por mérito en el servicio público más allá de las lealtades y afinidades políticas.
Bajo la idea de la liberal democracia, es indispensable que la sociedad se apropie de los espacios públicos, puesto que como su nombre señala lo público es un bien colectivo, que ha estado acotado por los intereses del poder político y económico, siendo que la sociedad debiera fijar los límites y alcances del quehacer gubernamental a través de una participación ciudadana activa pero además desde los espacios de decisión que constituyan auténticos equilibrios naturales en un sistema democrático.
En el caso concreto, en los tres poderes que intervienen la configuración del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, sigue permeando esta visión del sistema de botín en el nombramiento de quienes integran los órganos correspondientes, prevaleciendo esa tentación de imposición de cuotas lo mismo en instituciones del poder legislativo y judicial, como en aquellos organismos constitucionales autónomos, sin dejar de lado los espacios que corresponden a la ciudadanía y que buscan ocuparse por actores vinculados a legisladores y partidos.
Es indispensable apostar a la profesionalización de un servicio público que siente las bases para que en condiciones de igualdad se pueda acceder a la esfera gubernamental, con un sistema de ingreso, capacitación, evaluación y promoción basado en el mérito más allá de la lealtad política que solo genera complicidades que incentivan la corrupción.
La implementación de un servicio civil de carrera sin duda será clave para la despartidización o influencia de los mencionados grupos de interés en el servicio público, pasando a la instauración de un cuerpo administrativo sustentado en la profesionalización para la permanencia en los cargos, poniendo especial interés en aquellas instituciones encargadas de la vigilancia de los recursos públicos.
En los próximos días se comenzará a discutir una reforma electoral en la que no debemos perder de vista el modelo de fiscalización, puesto que se debe apostar hacia un perfeccionamiento y no a una regresión que amplíe aun más los marcos operación financiera de los partidos políticos. Si partimos de la premisa de que la corrupción se gesta desde las elecciones será preciso afinar la vigilancia de los recursos que ingresan a las campañas. Veremos si hay voluntad en la próxima legislatura.
