En memoria de la guerrera del Pueblo Aymara, Bartolina Sisa, quien luchó contra la dominación, la opresión de los conquistadores españoles y quien fuera asesinada y descuartizada hace 239 años, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora oaxaqueña Eufrosina Cruz alzó la voz para trabajar por la justicia social de las comunidades de México, principalmente por sus mujeres.
“En México y en América Latina, las mujeres hemos sido orilladas a transgredir el orden social y político para ser escuchadas. Y si es necesario hacerlo una vez más, doy un paso al frente para ser parte de esta rebeldía e invito a mis compañeras y compañeros legisladoras a ser parte de una nueva historia parlamentaria donde pongamos por delante el interés y el bienestar de nuestros pueblos indígenas y afromexicano. Nunca más un México sin sus mujeres y sus pueblos originarios.”
Por lo anterior, Cruz Mendoza hizo un recorrido en la historia de la instancia que debiese velar por las políticas públicas de las comunidades y como se ha ido desdibujando al paso del tiempo; hace 73 años se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI), en sus 55 años de existencia no ofreció demasiados resultados, pero dio origen en el 2004 a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con un presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos, relanzando políticas públicas enfocadas a la creación de albergues escolares, fondos regionales indígenas, organización productiva para mujeres, promoción de la justicia en lengua materna, fomento y desarrollo de las culturas y, por primera vez en la historia, un programa de infraestructura básica.
Existió un repunte en el periodo de 2011 al 2016, en estos años se aplicaron los mayores presupuestos en la historia del país para atender a la población indígena, pero esta situación cambió radicalmente con el corte de presupuesto, pues a partir del primer año de este gobierno se transformó al Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas (INPI), asignándole 6 mil 500 millos de pesos, retrocediendo a la inversión del año 2004.
A mitad del camino de este gobierno, expresó, que se ve un panorama desolador, pues en el segundo año el presupuesto del INPI se recortó a 4.2 mil millos de pesos y para este año 3.6 mil millones, la inversión más baja en 20 años.
Por estos motivos, y siguiendo el ejemplo de Bartolina Sisa, exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a dar una nueva batalla para valer sus facultades constitucionales en materia de aprobación de presupuesto y exigir un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 que dignifique la política pública en la atención de los pueblos originarios y regresar a los niveles que tuvo antes de esta administración.
