Uriel Pérez García
Realizar un análisis a profundidad respecto del paquete económico que habrá de aprobarse en los próximos días, requeriría de la consulta de expertos, no obstante merece la pena acudir a la reflexión sobre algunos puntos que nos permitirán dilucidar de manera breve los elementos que lo componen así como su importancia.
En primer lugar es importante mencionar que el paquete económico que año con año entrega el poder ejecutivo para su aprobación a la Cámara de Diputados se compone de cuatro elementos principales: la política fiscal, la política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.
La política económica y fiscal refiere básicamente al comportamiento de las tasas de interés y sobre todo la orientación que recibirá el país respecto al manejo de la inflación, es decir el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios, así como lo referente al crecimiento económico esperado, esto en el primer caso, y en el segundo concepto lo relativo a las herramientas a emplearse para incrementar la recaudación y sancionar la evasión fiscal.
Sin restar importancia a lo mencionado, el foco de atención se centra regularmente en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, puesto que en estos rubros es donde se ve reflejado de forma más inmediata el rumbo que lleva la administración de los recursos públicos, puesto que como los conceptos refieren, se trata de lo que se pretende gastar en el próximo año y de dónde obtener ese recurso.
De este modo para el 2022 se tiene proyectado ejercer un presupuesto de 7.1 billones de pesos, lo que según las estimaciones representa un aumento de 8.9% respecto a lo aprobado en el año anterior, teniendo como ejes prioritarios el rubro de salud y los programas sociales, ambos con incrementos considerables que se destinarán primordialmente a pensiones en ambos casos.
En lo que respecta a las secretarías más beneficiadas en el proyecto de presupuesto de egresos encontramos a la Secretaría de Bienestar, Salud, y Turismo como las que recibirán un aumento generoso en contraste con algunas que no se vieron tan favorecidas junto con los organismos autónomos.
Como era de esperarse por los pronunciados desencuentros políticos entre el ejecutivo y el INE, este organismo tendrá una mayor reducción en comparación con el ejercicio anterior, con la consideración de que se enfrenta a un año sin elecciones federales pero con atribuciones en comicios locales y el ejercicio de revocación de mandato que implicará mayores recursos dado que la ley recién aprobada en la materia equipara a este ejercicio como un proceso electoral en el que se deberán instalar la totalidad de casillas en el país.
Otro aspecto que llama la atención es que los ingresos de los estados y municipios se verán afectados de manera positiva puesto que se equiparará a los niveles de 2019, dejando de lado los recortes realizados hasta 2021, lo que sin duda es loable en un contexto de urgente reactivación económica y atención a los estragos que sigue causando la pandemia.
Lo que debería ser digno de un análisis serio que nos dé más luz a la ciudadanía respecto a qué tanto ha funcionado la política de austeridad emprendida desde el inicio del sexenio, es la forma en la que se siguen obteniendo los recursos, teniendo como principales fuentes de financiamiento los ingresos tributarios, los petroleros, las empresas productivas del estado, así como el cobro por prestación de servicios por el uso de bienes de dominio público o la aplicación de multas, recargos etc.
Es decir, habría que analizar en qué medida los recortes presupuestales de años anteriores se han reflejado en un auténtico ahorro y no en un subejercicio de los recursos. La clave está en la información que permita poner sobre la balanza lo que no se ha ejercido en aras de la llamada austeridad republicana y en dónde está ese recurso, de lo contrario nos situaríamos en un uso discrecional de los recursos.
Un rasgo distintivo en la toma de decisiones de los gobernantes se encuentra en lo que Cosío Villegas definió como “el estilo personal de gobernar”, donde el carácter de los presidentes ha marcado el rumbo del país sin tomar en consideración los argumentos y elementos técnicos en la definición de las políticas públicas y en el manejo del dinero público, por lo que siempre debe ser obligatorio ponderar el costo-beneficio de las decisiones y se apunte hacia una administración pública eficiente, que cuide los recursos y evite sorpresas al final del camino.
Paquete económico
Realizar un análisis a profundidad respecto del paquete económico que habrá de aprobarse en los próximos días, requeriría de la consulta de expertos, no obstante merece la pena acudir a la reflexión sobre algunos puntos que nos permitirán dilucidar de manera breve los elementos que lo componen así como su importancia.
En primer lugar es importante mencionar que el paquete económico que año con año entrega el poder ejecutivo para su aprobación a la Cámara de Diputados se compone de cuatro elementos principales: la política fiscal, la política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.
La política económica y fiscal refiere básicamente al comportamiento de las tasas de interés y sobre todo la orientación que recibirá el país respecto al manejo de la inflación, es decir el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios, así como lo referente al crecimiento económico esperado, esto en el primer caso, y en el segundo concepto lo relativo a las herramientas a emplearse para incrementar la recaudación y sancionar la evasión fiscal.
Sin restar importancia a lo mencionado, el foco de atención se centra regularmente en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, puesto que en estos rubros es donde se ve reflejado de forma más inmediata el rumbo que lleva la administración de los recursos públicos, puesto que como los conceptos refieren, se trata de lo que se pretende gastar en el próximo año y de dónde obtener ese recurso.
De este modo para el 2022 se tiene proyectado ejercer un presupuesto de 7.1 billones de pesos, lo que según las estimaciones representa un aumento de 8.9% respecto a lo aprobado en el año anterior, teniendo como ejes prioritarios el rubro de salud y los programas sociales, ambos con incrementos considerables que se destinarán primordialmente a pensiones en ambos casos.
En lo que respecta a las secretarías más beneficiadas en el proyecto de presupuesto de egresos encontramos a la Secretaría de Bienestar, Salud, y Turismo como las que recibirán un aumento generoso en contraste con algunas que no se vieron tan favorecidas junto con los organismos autónomos.
Como era de esperarse por los pronunciados desencuentros políticos entre el ejecutivo y el INE, este organismo tendrá una mayor reducción en comparación con el ejercicio anterior, con la consideración de que se enfrenta a un año sin elecciones federales pero con atribuciones en comicios locales y el ejercicio de revocación de mandato que implicará mayores recursos dado que la ley recién aprobada en la materia equipara a este ejercicio como un proceso electoral en el que se deberán instalar la totalidad de casillas en el país.
Otro aspecto que llama la atención es que los ingresos de los estados y municipios se verán afectados de manera positiva puesto que se equiparará a los niveles de 2019, dejando de lado los recortes realizados hasta 2021, lo que sin duda es loable en un contexto de urgente reactivación económica y atención a los estragos que sigue causando la pandemia.
Lo que debería ser digno de un análisis serio que nos dé más luz a la ciudadanía respecto a qué tanto ha funcionado la política de austeridad emprendida desde el inicio del sexenio, es la forma en la que se siguen obteniendo los recursos, teniendo como principales fuentes de financiamiento los ingresos tributarios, los petroleros, las empresas productivas del estado, así como el cobro por prestación de servicios por el uso de bienes de dominio público o la aplicación de multas, recargos etc.
Es decir, habría que analizar en qué medida los recortes presupuestales de años anteriores se han reflejado en un auténtico ahorro y no en un subejercicio de los recursos. La clave está en la información que permita poner sobre la balanza lo que no se ha ejercido en aras de la llamada austeridad republicana y en dónde está ese recurso, de lo contrario nos situaríamos en un uso discrecional de los recursos.
Un rasgo distintivo en la toma de decisiones de los gobernantes se encuentra en lo que Cosío Villegas definió como “el estilo personal de gobernar”, donde el carácter de los presidentes ha marcado el rumbo del país sin tomar en consideración los argumentos y elementos técnicos en la definición de las políticas públicas y en el manejo del dinero público, por lo que siempre debe ser obligatorio ponderar el costo-beneficio de las decisiones y se apunte hacia una administración pública eficiente, que cuide los recursos y evite sorpresas al final del camino.
