Forbes
El despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP cobrará un millón de dólares anuales al Gobierno de México para que lo defienda y represente en la denuncia interpuesta en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.
“En el acuerdo que se ejecutará el 1 de enero de 2022, el gobierno de México y la Hilliard & Shadowen acordaron que los honorarios generales de la firma no excederán un millón de dólares por año”, dice Steve Shadowen, socio fundador de Hilliard & Shadowen LLP en una carta enviada a Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, Texas.
La firma estadounidense no cobrará honorarios ni gastos al Gobierno de México, a pesar de que ayudaron en las fases de documentación y construcción del expediente para interponer la denuncia ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, dice el documento en poder de Forbes México.
El gobierno y los abogados estadounidenses reconocen que la etapa de defensa continuará después de la expiración del acuerdo, que contempló la fase de preparación e interponer la denuncia en contra de los 11 fabricantes de armas.
Ambas partes acuerdan ejecutar un nuevo acuerdo de defensa el 1 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el cual permanecerá vigente hasta el litigio en relación con la denuncia descrita.
El Gobierno de México acordó pagar a la firma las tarifas por sus servicios a la mitad de las tarifas por hora.
Las tarifas de los abogados Shadow y Brunell oscilan entre 950 dólares y mil dólares por hora, por lo que cobrarán entre 475 dólares y 500 dólares por hora por el tiempo de los defensores.
Las tarifas por hora estándar de los abogados junior oscilan entre 300 dólares y 500 dólares, por lo que cobrarán al gobierno entre 150 dólares a 275 dólares por hora.
Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms son acusadas de que sus armas están en manos de cárteles generando violencia en México.
Según el argumento central del litigio presentado el 4 de agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las empresas demandadas son conscientes de que sus armas comercializadas son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.
Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, expone la denuncia de la SRE.
Marcelo Ebrard, titular de la SRE, señaló que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. El monto de la exigencia será determinado en el juicio ante un tribunal federal de Massachusetts.
El canciller enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.
Añadió como esencial que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito, y que las empresas cesen las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.
Le pegan al tráfico
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha embargado más automóviles y camionetas “chocolate” que armas cortas y largas en las aduanas instaladas desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California.
Los agentes encargados de inspeccionar a los turistas estadounidenses y mexicanos radicados o de viaje por Estados Unidos han incautado más de 421,028 automóviles y vehículos en las 49 aduanas del 1 de enero de 2006 hasta el 1 de octubre de 2020, revelan cifras del SAT.
El organismo a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez logró retener más de 30,063 armas cortas y largas que no llegaron al crimen organizado o bandas de delincuentes de 2008 hasta los primeros días de 2020.
En 2006 y 2007 no registró ni una sola incautación de armamento por los recintos fiscales vigilados por videocámaras, tecnología de punta, así como personal adscrito al SAT encargado de combatir el contrabando y el tráfico de mercancías.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador fueron embargadas 12,029 armas cortas y 18,034 armas largas que procedían de las tiendas en Estados Unidos.
“Las aduanas en México no tienen la capacidad técnica y no poseen la tecnología para detectar las armas en todos los cruces fronterizos. Yo cruzo la frontera muchísimo y las revisiones son aleatorias y muchas veces son abre la cajuela”, señala Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice, en Texas.
El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dice que los agentes de aduanas inspeccionan lo transportado en la cajuela y se enfocan en ver si llevan computadoras, electrodomésticos, televisores o cualquier producto tecnológico, porque el afán del SAT es recaudar y cobrar los impuestos.
“Aumentar las inspecciones de todos los vehículos, que viajan del norte al sur, requeriría de mucho más personal en las aduanas, mucha más inversión en instalaciones y mucha más inversión en tecnología que México sencillamente no tiene y no puede”, concluye Payán.
