Uriel Pérez García
En las últimas décadas, como resultado de la evolución del andamiaje institucional y jurídico tendente a consolidar el desarrollo político y el fortalecimiento de las jóvenes democracias, han surgido en el marco de la corriente del Estado Constitucional, diversos mecanismos con la finalidad de extender la división tradicional tripartita de poderes, a través del fortalecimiento necesario de ese sistema de pesos y contrapesos que limiten el ejercicio del poder público.
De esta forma se establecieron entes independientes que posibilitaran un control a los poderes constituidos, coadyuvando a la mejora de la gobernabilidad democrática a partir de impulsar y vigilar la transparencia y rendición de cuentas para el control de la corrupción; la organización de elecciones en un contexto de auténtica competencia equitativa; la defensa de los derechos humanos; entre otros.
Así, surgieron en nuestro país organismos con la finalidad de proteger y garantizar derechos de la ciudadanía en un esquema de generación de equilibrios que han dado como resultado, de manera paulatina, una administración pública más proclive a la rendición de cuentas a través de gobiernos abiertos que respetan las reglas del juego democrático.
Lo anterior ha sido posible sobre todo en el plano nacional, puesto que aun cuando a nivel local se debiera replicar el mismo esquema de pesos y contrapesos, la realidad es que en el ámbito subnacional, han prevalecido en los gobiernos de las entidades esquemas de control político que les han permitido mantener un amplio margen de maniobra en el ejercicio del poder, puesto que no ha sido posible consolidar este tipo de instituciones públicas que verdaderamente representen en un freno a los gobernantes.
De manera paradójica, a partir de la alternancia a nivel federal suscitada en el año 2000, los gobiernos estatales se tornaron más autoritarios ante la ausencia de una figura presidencial fuerte que acotara el manejo de poder en las entidades federativas, aunado a la ausencia de instituciones de tinte democrático que permitieran ese equilibrio entre poderes, los gobernadores en turno se convirtieron en el soberano absoluto dentro de sus territorios.
En ese sentido, las distintas reformas a nivel federal que dieron origen a los llamados organismos constitucionales autónomos y que debieron impactar también en el orden jurídico local, lo cierto es que la evolución y consolidación de estos entes de carácter independiente, apartidista y con una integración profesional han sido relativamente lenta y en algunos casos como en nuestra entidad prácticamente nulo.
De modo que cuando a nivel nacional tenemos instituciones relativamente sólidas en cuanto a su autonomía, tales como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; lo cierto es que en las entidades los organismos que debieran garantizar estos derechos a través de las funciones que tienen encomendadas por las constituciones locales, siguen permeando las cuotas partidistas o en algunos casos las designaciones directas de los gobernadores.
No obstante, vale la pena mencionar que en el terreno electoral, la reforma de 2014 cumplió esta función de mermar la influencia de los poderes locales en la designación de los titulares de los llamados OPLE’s, de manera que el método de elección delegado a una autoridad nacional también de carácter autónomo, permitió empujar mecanismos de selección con elementos de evaluación y selección más claros.
En el caso particular de Oaxaca como ha quedado evidenciado en las más recientes designaciones que ha realizado el Congreso local en aquellas instituciones que debieran revestir completa autonomía e independencia, la realidad refleja que estas instituciones siguen siendo espacios para el reparto de cuotas y perfiles afines a los distintos partidos políticos a cambio de mantener esta complicidad proclive a un ejercicio discrecional de la administración pública, incluyendo los tres poderes del Estado.
Por tanto, lejos de apuntar hacia la desaparición de organismos autónomos a nivel nacional lo que se debiera perfilar son mecanismos que permitan verdaderamente despartidizar el nombramiento de los titulares de estas instituciones de modo que el esquema de pesos y contrapesos se convierta en una realidad en el ámbito local y no solamente en una simulación, para lo cual definitivamente hace falta verdadera voluntad política.
