Debido al paso de la caravana migrante por la región del Istmo de Tehuantepec, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a diversas instituciones estatales la adopción de las medidas cautelares necesarias para brindar la ayuda humanitaria que permita para salvaguardar la integridad, dignidad y derechos humanos de las y los migrantes, asimismo envió una misión de observación a la zona.
El organismo defensor detalló que activo un protocolo de atención para dar seguimiento en terreno a la caravana migrante, especialmente en lugares que están dentro de la entidad con el objetivo de documentar cualquier posible violación a sus derechos humanos, además de realizar acciones de sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que brinden un trato humanitario.
La Defensoría explicó que solicitó a la Secretaría de Salud que brinde atención en materia de salud, mientras que, a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y a diversas autoridades municipales proporcionar atención humanitaria de urgencia.
Agregó que debido a las condiciones en las que se encuentran las personas que integran la caravana migrante requieren apoyo para cubrir necesidades básicas, por ello, es necesario que se les proporcionen alimentos, agua, sueros hidratantes, productos de aseo personal, así como atención médica y medicinas.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca expuso su preocupación por la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados, así como de mujeres embarazadas y lactantes, además de las personas mayores, personas con discapacidad, así como la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, trasvesti e intersexual, las cuales son parte de la caravana migrante y se exponen a un mayor riesgo.
Ante este contexto, la Defensoría recordó que el Estado mexicano debe observar estrictamente su deber de protección a las personas que integran la caravana migrante, lo que también implica que el uso de la fuerza sea un recurso extraordinario y de absoluta necesidad, además en caso de hacer uso de ella sea con acorde a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Instó a las autoridades municipales, estatales y federales a abstenerse de criminalizar la migración, pues quienes integran la caravana migrante son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren una protección acorde a su condición, la Defensoría resaltó que independientemente de la condición migratoria de las personas el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos humanos.
La institución defensora de derechos humanos recordó que migrar no es un delito, sino un derecho, además que los movimientos migratorios masivos que venimos observando desde hace años son producto de las difíciles condiciones que enfrentan las personas en sus países, pues debido a la violencia generalizada, la discriminación, la pobreza y la desigualdad las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
