Sin Embargo
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht en un hecho considerado “histórico”.
Durante la sesión del INAI, el instituto resolvió que la Fiscalía debe de publicar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con respecto al caso Odebrecht, así como los nombres de los funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y enfrentan acusaciones con respecto a la investigación, y que los datos sean actualizados cada tres meses.
“En el Pleno del @INAImexico aprobamos, por unanimidad, revocar la respuesta de la FGR, a efecto de que entregue los documentos que den cuenta de los nombres de funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y enfrentan acusaciones, ligados al caso Odebrecht”, indicó la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra por medio de su cuenta de Twitter.
La FGR, ante la primera solicitud del INAI de transparentar la información, había respondido que era “clasificada” debido a que su divulgación “causaría un perjuicio la relación bilateral entre el Estado mexicano y la autoridad extranjera; perjudicaría el procedimiento judicial en trámite, en el que la FGR es parte: y, menoscabaría las facultades de investigación del Ministerio Público de la Federación, al afectar las líneas de investigación pendientes”.
Sin embargo, el instituto determinó que el caso Odebrecht ha sido sujeto de numerosas solicitudes de información y recursos de revisión, de tal manera que se amerita que se considere una obligación de transparencia.
Durante la sesión, el Comisionado Óscar Guerra Ford explicó que en 2019 se solicitó el acceso de declaración de funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero el sujeto obligado -la FGR- entregó una versión pública en copia simple y certificada, cuyo costo de reproducción ascendía a 81 mil 551 pesos por copia simple, pero al ponerse en disposición en copia certificada “esto implicaría un cobro o un pago más bien de un millón 794 mil pesos”, lo que imposibilita la entrega de la información.
Se trata de una resolución sin precedentes, puesto que es la primera vez que el INAI ejerce su facultad para que un caso de particular se convierta en una obligación de transparencia.
