Agencias
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), está investigando al exmandatario de esa entidad, Silvano Aureoles, por el presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos que habría sido cometido en la construcción y arrendamiento de los cuarteles para la policía estatal.
Ramírez Bedolla informó que, mediante la adjudicación directa, se otorgó a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V. diversos contratos firmados entre 2016 y 2017, para la construcción y arrendamiento de 7 cuarteles policiales, sin embargo la constructora, a pesar de haber adquirido los terrenos donde serían edificados hasta 3 años después, estuvo cobrando rentas desde el momento de signar los documentos.
Por si esto fuera poco, el actual gobernador denunció que, en cada uno de los mencionados cuarteles, fue construido un muy lujoso búnker para uso uso exclusivo de Aureoles, con área verde, helipuerto y espacios recreativos.
Alfredo Ramírez denunció que también la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga a Silvano Aureoles por el mismo fraude de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, por los que se pagó durante la administración del ex gobernador, 3 mil 478 millones 485 mil pesos por concepto de renta entre 2016 y 2017, y se erogaron otros un mil 552 millones de pesos para la adquisición de los inmuebles en 2021, solamente dos días antes de que Aureoles terminara su mandato.
Y es que, mientras las áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo, los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico.
Ramírez Bedolla señaló que el mecanismo del fraude fue realizar siete contratos, uno por cada cuartel en un intento de aparentar proyectos distintos, todos con sobreprecios y pagando arrendamientos a la misma empresa por instalaciones provisionales durante la construcción, para finalmente pagar por la adquisición de las instalaciones.
Para esto, la administración del perredista Aureoles, utilizó en marzo del 2016 el Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública para adjudicar de forma directa a la Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. el contrato para “El Servicio de Desarrollo y Arrendamiento de 5 Complejos de Seguridad”, en Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan y Zitácuaro, proceso que repitió el 21 de diciembre del 2017, bajo el mismo concepto, para construir los complejos de Lázaro Cárdenas y Uruapan.
Esto se suma al reciente escándalo, revelado también por Alfredo Ramírez, del lujosísimo búnker, con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, construido en la residencia oficial del mandatario estatal, a pesar de que Aureoles había negado enfáticamente haber realizado modificación alguna.
