Moisés MOLINA
De entre toda la oferta de las plataformas, “Duda Razonable” es el documental que desde su estreno el 23 de noviembre ha sacudido a México.
Millones de personas lo han visto y han vivido, con la intensidad y crudeza que permite el género, la maraña de emociones de 4 hombres que desde 2015 están presos en la cárcel de Macuspana purgando una condena por un delito que no cometieron.
Es uno de cientos, o quizás miles de casos, que se reproducen por todo México bajo el patrocinio del nuevo sistema de justicia penal que se supone más humano y más ágil.
Personas inocentes en las cárceles o, en el mejor de los casos, mujeres y hombres que están en prisión sin haber recibido una sentencia, parece ser la regla y no la excepción en un país donde no terminamos de encontrarle la cuadratura al círculo en materia de justicia penal.
El nuevo proceso penal, reglamentado escrupulosamente no solo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en la propia Constitución desde su artículo 20, tiene su nota distintiva en los juicios orales.
Pero como bien lo apunta Don Sergio García Ramírez: “el proceso es lo que
hacen de él sus protagonistas y no lo que los legisladores —con exaltada buena fe— han depositado en las normas”.
A la hora de traer a la realidad la teleología de este ya no tan nuevo sistema penal, quienes fallan son los operadores que, no son únicamente los jueces.
Por razones de espacio y para dar una idea del complejo entramado de actores que tiene el proceso penal, solo diré que en la tarea de operar es proceso penal, además de los jueces y magistrados, están: la víctima, el imputado, los policías, los peritos, los defensores, el Ministerio Público, los facilitadores, el personal penitenciario y el asesor jurídico.
Para que el resultado sea perfecto, ninguno debe fallar. Y en la realidad es muy complicado que todos hagan lo debido en la parte que les corresponde. Pueden fallar por negligencia o por incompetencia. Cualquiera que sea la causa el daño es el mismo.
Y cuando hablo de resultado perfecto me refiero a lo que dice el 20 constitucional “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
Aún a pesar de que el proceso se desarrolla a través de audiencias públicas y orales, que se videograban, facilitando la transparencia en la actuación de jueces y partes, y de que tienen que observarse los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que garantizan rapidez, igualdad entre las partes y la intervención personal y directa de los jueces de primera instancia en las audiencias, los operadores no siempre cumplen su parte y no se terminan de desterrar viejas prácticas y vicios, desde la investigación hasta la decisión final en forma de sentencia.
El tiempo que una persona inocente pasa en la cárcel nadie se lo devuelve. Se supone que en México está vedada la pena de muerte y le seguimos dando a miles de inocentes una muerte civil.
Pero las cosas pueden y tienen que cambiar. Y nuestra máxima apuesta debe estar en los medios de comunicación, en las universidades y en las nóminas.
En la medida en que tengamos una ciudadanía crítica e informada; generaciones de nuevos abogados preparados académica y moralmente; y servidores públicos mejor pagados las cosas pueden cambiar para beneficio de México.
No es un tema sencillo, ni de soluciones mágicas. Pero es menester alimentar la reflexión desde todos los espacios posibles para que los encargado de procurar e impartir justicia sepamos que nuestro trabajo está cada vez más vigilado por los ciudadanos.
