Agencias
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de organizaciones feministas para declarar una alerta de violencia de género en todo el territorio nacional, al determinar que en la petición no se identifica “la sostenibilidad en el incremento de los registros de violencia”.
A pesar de que sólo en 650 municipios de los más de 2 mil del país tiene una alerta de género las activistas buscaban en su petición, realizada el pasado 24 de noviembre de 2021, que en todo el país se declare la alerta de violencia de género porque al día 19 mujeres son asesinadas.
Tanto la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), denegaron la declaratoria.
Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim notificó con oficio del pasado 14 de diciembre a la organización Mujeres en Cadena por una Vida Digna, en la que participan las activistas feministas Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, Martha Teresa González Rentería y María Luisa Sosa de la Torre que la petición fue rechazada.
“Con fundamento en el artículo 35 y 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resuelve: 1. Declarar no admisible la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el territorio nacional”.
No se consideró que en su carta de petición Mujeres en Cadena por una Vida Digna, el colectivo Nosotras tenemos otros datos y la Red Nacional de Alertistas argumentaron que “al sumar las víctimas de feminicidio (736), homicidio doloso (dos mil 104) y homicidio culposo (dos mil 407), resulta de un total de 5 mil 247 mujeres víctimas de muerte violenta solamente en 273 días, es decir, el periodo que comprende de enero a septiembre de 2021”.
Por lo anterior, se puede concluir que en México son asesinadas diariamente 19.21 mujeres
En el documento de 24 páginas de análisis de la petición se solicitó a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres notificar a las organizaciones del rechazo para establecer medidas para generalizar la alerta de género que entre otros implicaría canalizar recursos para prevenir, erradicar y atender a las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia.
En el documento el mismo Gobierno federal informa que se han destinado más de 258 millones 377 mil 829 pesos desde 2017 a 2020 para atender las 22 declaratorias de violencia de género, aunque en el primer año de la pandemia, reconoce, los recursos pasaron de 101 millones 591 mil 382 pesos a sólo 70 millones 855 mil 170.
Significa que pese al incremento en el número de casos de mujeres violentadas y que solicitaron ayuda, el gobierno federal aplicó un recorte de más de 21 por ciento.
Entre los argumentos que utilizaron las instituciones federales para negar esa declaratoria es que toda solicitud de declaratoria, tratándose de agravio comparado, deberá señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos Humanos de las Mujeres.
“En el presente caso, no se hace referencia a un agravio comparado motivo por el cual no es aplicable tal disposición”.
En otro momento afirma que no se puede “identificar la sostenibilidad en el incremento de los registros de violencia así como en los casos identificados a partir de un territorio determinado (municipio) las características particulares de los hechos de violencia cometidos, lo que garantizaría, en su caso, la focalización de las acciones que serían realizadas con motivo de una alerta de violencia de género y que las cuales complementarían la planeación integral prevista por la entidad federativa para el tratamiento de la violencia contra las mujeres”.
En el documento de petición, las organizaciones también indicaron que la propia información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 y los delitos que se comenten mayormente en contra de mujeres, niñas y adolescentes del informe de incidencia delictiva del fuero común, “permite identificar un aumento en los delitos de feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, lesiones dolosas, lesiones culposas, tráfico de menores, extorsión, corrupción de menores, trata de personas, violencia familiar, violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, otros delitos contra la familia, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual y aborto”.
En su respuesta, el Gobierno dijo que eso solo permite dimensionar a partir de un contexto que se generaliza en cada entidad federativa, los fenómenos delictivos asociados a la violencia contra las mujeres los cuales permitirían, en su caso, realizar recomendaciones de la misma amplitud.
Aseguró que “la información remitida no cuenta con las características necesarias que permitan a través de un análisis, tanto de la estadística nacional como la estatal aunado a una metodología de investigación, identificar la sostenibilidad en el incremento de los registros de violencia”.
Recordó que a la fecha la totalidad de las alertas de violencia de género contra las mujeres declaradas, en concordancia con lo establecido en la norma, han señalado a los municipios como los lugares en que ocurre la violencia feminicida.
Hasta ahora ha sido documentada a través de 25 declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres, emitidas en 22 entidades federativas, lo que se traduce en la generación de acciones gubernamentales de emergencia direccionadas a las necesidades de los 642 municipios alertados de un total de dos mil 88 municipios de estas entidades federativas.
