Piedepagina.mx
Ante la violencia y desplazamiento que viven familias mixtecas de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonuji y Mier y Terán del Municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca; que originó un grupo armado comandado presuntamente por autoridades locales, la CIDH otorgó medidas cautelares y solicitó al Estado mexicano que proteja los derechos de niñas, niños, mujeres y personas mayores con medidas adecuadas a su cultura indígena.
La violencia en la zona es ocasionada por la defensa del territorio contra la tala ilegal de madera en la montaña alta de la mixteca. Afectados aseguran que esta es encabezada por sus autoridades locales y agrarias.
CIDH emite medidas cautelares contra violencia hacia comunidades desplazadas en Oaxaca
La CIDH relató en su comunicado que los ataques a la comunidad oaxaqueña comenzaron el 1 de octubre del 2021. De igual forme precisó que estos se intensificaron los días 21, 22 y 23 del mismo mes. Estos ataques provocaron el desplazamiento de 300 familias, una centena de casas quemadas y el asesinato de dos personas: Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández. También hay cuatro personas desaparecidas: Marcos Quiroz Reaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios.
Tres días después de ese suceso, el 27 de octubre, la guardabosques y ambientalista Irma Galindo Barrios, desapareció en la Ciudad de México y hasta la fecha no aparece. A pesar de que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para localizarla.
Este organismo internacional solicitó al estado mexicano otorgar medidas cautelares conforme a sus usos y costumbres y también garantizar la seguridad de las familias. También se hizo un llamado para la urgente localización de las cinco personas desaparecidas.
«Pedimos que se cumplan las medidas cautelares»
“Es un hecho histórico en Oaxaca esta notificación”, expresó Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. Maurilio Santiago explicó que el 23 de diciembre del 2021 el organismo internacional notificó al Estado mexicano la medida cautelar número 1050-21; en beneficio de las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, entre otras personas.
El defensor ha brindado acompañamiento a las familias desde que ocurrieron los hechos, el hombre señaló que las autoridades de Oaxaca y federales lo supieron de forma inmediata, pero minimizaron la gravedad de los acontecimientos. Hasta el momento ninguna autoridad ha cumplido con sus obligaciones.
“Nosotros como organización pedimos que se cumpla este requerimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el plazo de 20 días, y que sea el adecuado en la forma y términos estipulados principalmente de proteger los derechos de las niñas, niños, mujeres, y adultos mayores de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji respetando su cultura indígena mixteca”
Aseguró Maurilio Santiago.
Los conflictos continúan
Ante el conflicto interno, el pasado 9 de diciembre, el presidente municipal de Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios acompañado por la síndica municipal, Maribel Velasco, denunciaron en conferencia de prensa la violencia política por razón de género que vive por parte del Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca.
Además, señalaron que hay otros 300 desplazados que están viviendo en la cabecera municipal. Denunciaron que el estado mexicano tampoco los ha protegido, por lo que solicitaron ayuda.
Hasta el momento, el único acercamiento que han tenido las partes son mesas de trabajo. Sin embargo no hay acuerdos y la violencia continua en la zona. Las personas siguen desplazadas y desaparecidas.
Este trabajo fue publicado originalmente por PÁGINA 3 , que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original
