El Congreso de Oaxaca presenta la Ley de Manifestaciones de Oaxaca con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
El proyecto de decreto fue presentado por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Leonardo Díaz Jiménez, y fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana para su análisis y dictamen.
La iniciativa de ley que integra 28 artículos, propone regular toda manifestación pública para garantizar los derechos de terceras personas como lo es el de la libertad de tránsito, sin afectar los derechos de expresión, reunión y asociación.
Esto, debido a las afectaciones ocasionadas a la sociedad por los bloqueos, marchas, plantones y protestas a las que han recurrido diversos grupos de personas, quienes se han manifestado en espacios públicos y obstruido el libre tránsito en la entidad.
«Las marchas pueden y deben ser reguladas, tal y como han sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados. Es decir, la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia, sino todo lo contrario», expone el legislador.
La ley contempla que cada persona a manifestarse en los espacios públicos deberá de avisar a la Administración Pública con 72 horas de anticipación mínimo, y sin cometer actos vandálicos durante su protesta.
Las manifestaciones públicas sólo podrán realizarse entre las 11 y las 17 horas, que es el horario con menor afluencia de vehículos.
La propuesta de ley prohíbe el bloqueo a las vialidades, la retención de vehículos, la obstrucción al acceso de las personas a sus centros de trabajo, y los daños a bienes o derechos de terceras personas.
Asimismo, otorga facultades a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado para que intervenga y garantice el orden, a fin de que se respeten tanto los derechos de los manifestantes como los de los habitantes.
Las sanciones previstas para quienes incumplan la ley son multa, arresto de hasta 36 horas y reparación del daño.
«La ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases para el buen uso de los bienes de dominio público y asegurando el pleno respeto de los derechos y las libertades de terceros», argumenta el diputado Díaz Jiménez.
