Agencias
La Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar ante un Juez una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), porque hoy tenía una audiencia de imputación por el caso Odebrecht en el Reclusorio Norte y se presentaron sus abogados, pero él no.
Por tal motivo, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control, consideró esta mañana que era improcedente otorgarle un plazo para poder justificar su ausencia, como pidió la defensa legal, y abrió la posibilidad de que la FGR solicite una orden de captura en contra del panista o un nuevo citatorio para que se presente ante las autoridades.
“Hay otras figuras que podrían solicitar las partes. Yo estoy resolviendo con lo que se solicita y el Juez de Control actúa conforme a lo que le piden las partes. Si se requiere una forma distinta para conducirlo a proceso, tiene que ser solicitada”, dijo en la comparecencia.
Durante el encuentro de los abogados con el juzgador, éstos informaron que no habían tenido contacto con su cliente, por lo que desconocían el motivo de su ausencia. “No hemos podido establecer contacto con él esta mañana. No sabemos por qué no vino”, comentó el defensor Eduardo Aguilar Sierra.
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Ante dicha situación, la defensa solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia del imputado, petición a la que el Ministerio Público se opuso, ya que “su no comparecencia se trataba de una conducta reiterada, así como que, hasta el día de hoy, no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional”.
“Bajo ese contexto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al considerar que no tenía base la pretensión de la defensa (plazo para la justificación de la inasistencia del imputado), no concedió dicha prórroga”, precisó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un breve reporte sobre la audiencia, explicó que el Juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que el Ministerio Púbico respondió que no.
“En ese orden, el Juez de Control puntualizó que en el sistema de justicia penal acusatorio, la persona juzgadora acuerda conforme a la actividad de las partes y sus peticiones. En ese sentido, aclaró el Juzgador que él no podía acordar más allá de lo solicitado por las partes”, agregó el órgano.
Mientras eso ocurría, Anaya Cortés publicó un video en sus redes sociales, donde acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de perseguirlo y aseguró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, es un “mentiroso”.
“Como todos sabrán, se suspendió la audiencia. Ahora lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso como yo lo expliqué desde un principio, por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió al Juez una pena de 54 años de cárcel”, dijo quien fuera candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018.
En las imágenes compartidas en Twitter, Ricardo Anaya aseguró que él “no se va a dejar, pero que tampoco va a cometer el error de caer en el juego y dedicarse a hablar, horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel”.
El militante del blanquiazul estaba citado este 14 de febrero en el recinto judicial para comparecer en una audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
La FGR busca imputar al excandidato presidencial del PAN por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos para aprobar la Reforma Energética en 2014, según declaró en 2020 Emilio Lozoya Austin.
En ese entonces, el exjefe de Pemex indicó que el exsecretario Luis Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
