LllUno de los grandes retos que enfrentan los servicios de salud públicos y privados en nuestro país es el de la violencia obstétrica, la cual constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos desde un enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Estas prácticas deshumanizantes constituyen un verdadero problema de Estado y de salud pública que lesionan física o psicológicamente a mujeres embarazadas, en proceso de parto o postparto, razón por la cual, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a desnormalizar la serie de actos que van desde gritos, discriminación o tratos humillantes, hasta ejercicios médicos que ponen en peligro la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Tan solo la DDHPO tiene documentados 169 expedientes de violencia obstétrica cometida contra mujeres durante el embarazo, parto o postparto, entre enero de 2011 y hasta el 8 de mayo de 2022.
Las instituciones de salud públicas y privadas pueden llegar a cometer actos de violencia obstétrica cuando realiza episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligan a parir en una determinada posición o proveer una medicación excesiva, innecesaria o iatrogénica que podría generar complicaciones graves de la mujer y su hijo o hija.
Pero también se refiere a prácticas invasivas, como las cesáreas cuando se realizan sin justificación, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso de la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto.
La violencia obstétrica, además, puede ser psicológica, cuando se comenten actos discriminatorios, así como uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado de las mujeres cuando están embarazadas o bien en labor de parto o postparto.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) identifica como violencia obstétrica “practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2017 México ocupó el segundo lugar en la tasa de cesáreas, tanto en los países miembros de la OCDE, como a nivel mundial con el 46.8 y 48.7 por ciento, respectivamente.
No obstante, en el marco de la Pandemia por Covid-19, en 2020 nuestro país llegó a un récord de cesáreas, al igualar el número de nacimientos (50 por ciento) con esta práctica, al del parto, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud.
Diversas investigaciones han asociado la violencia obstétrica al cambio de paradigma histórico a finales del siglo XVIII, con el cual se institucionalizaron los partos en hospitales y centros de salud, en contraste con la atención que se brindaba en casa con el acompañamiento de parteras u otras personas.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas reconoció la existencia y la gravedad de la violencia obstétrica en julio de 2019, cuando la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, presentó en la Asamblea General de la ONU el informe “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica”.
A partir de 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar aspectos de la experiencia de las mujeres durante su último parto.
La encuesta de aquel año efectuada a 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, identificó que el 33.4 por ciento sufrió maltrato por parte de quienes las atendieron.
Este mismo documento señaló que, entre las manifestaciones más comunes de violencia obstétrica en México, se encuentran lo gritos o regaños (37.4 por ciento); retraso en la atención “por gritos o quejas” de la usuaria (34.44 por ciento), ignorar a las usuarias (33.11 por ciento), presionarlas para que acepten un método anticonceptivo o esterilización (30.9 por ciento) y forzarlas a que adopten posiciones incómodas durante el trabajo de parto (30.83 por ciento).
Ante este contexto, la DDHPO hizo un llamado a los distintos sistemas de salud de nuestro estado a poner fin a las nocivas prácticas de violencia obstétrica que se producen al interior de los mismos, tomando conciencia de su existencia y de los graves efectos sobre la salud física y emocional de las mujeres que las padecen.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar tratamientos respetuosos y dignos para las mujeres, en el contexto de la atención del parto y otros servicios de salud reproductiva, y en su caso, el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos de las mujeres.
