Excélsior
Ahora que el caso Iguala ha vuelto a hacer luz sobre el flagelo de las desapariciones en México, vale la pena recordar que el país tiene más de 100 mil ausencias en espera de ser esclarecidas y que ese número no sólo no se está reduciendo, sino que va en aumento.
El 16 de mayo pasado, la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas alcanzó justamente la cifra de 100 mil casos, algunos de los cuales se remontan a 1964.
En los 98 días que han pasado desde esa fecha, se han sumado más de 4 mil 600 sucesos adicionales. De los 104 mil 678 casos de personas desaparecidas y no localizadas registradas hasta la tarde de ayer en la Red, 35 mil 442 (33.85%) correspondían al actual periodo de gobierno (tres años, ocho meses y 22 días); 35 mil 152 al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y 17 mil 69 al de Felipe Calderón.
Del 16 de mayo a la fecha, se ha registrado un promedio de 48 al día, es decir, una cifra ligeramente superior a las personas que desaparecieron aquella noche de septiembre de 2014 en Iguala.
Para ser precisos, eso no significa necesariamente que desaparezcan diario 48 personas en México, pues los datos se van agregando en la Red cuando se confirma la ausencia y no con base en la fecha en que se vio a la persona por última vez. Aun así, es espantoso que todos los días haya que lamentar que una cifra equivalente a la de los desaparecidos de Ayotzinapa se agregue a esa cuenta macabra.
Por lo general, los 48 casos que, en promedio, se suman todos los días a la lista de desaparecidos no reciben la misma atención legal, política ni mediática del caso Iguala. La búsqueda de esas personas ausentes casi siempre queda a cargo de sus familiares y las organizaciones de buscadores, que no sólo no cuentan con apoyo oficial, sino que quedan a merced de los grupos criminales que participaron en las desapariciones.
Los únicos casos que atraen el interés del gobierno federal son aquellos que ocurrieron antes de su tiempo y a los que pueda sacarles algún rédito político, como sucede con el de Ayotzinapa.
¿Qué otra explicación podría haber para la abulia oficial hacia el caso de los dos elementos de la Armada de México que se esfumaron hace más de cinco meses, luego de que se les ordenó presentarse ante el senador morenista José Narro Céspedes, quien, de acuerdo con el entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, habría solicitado a la alcaldesa del puerto, Abelina López Rodríguez, que le proporcionara “personal armado vestido de civil” para un encuentro “relacionado con la Revocación de Mandato”?
Desde el 6 de marzo nada se sabe públicamente del paradero de los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes acompañaban, en calidad de escoltas, al secretario Maximiliano Serrano Pérez en una visita de trabajo en la Ciudad de México, y a quienes éste puso a disposición del senador Narro luego de recibir una instrucción de su jefa, la alcaldesa López Rodríguez.
Como se ve, para este “movimiento de transformación”, que no tiene empacho en usar a militares como guaruras, hay de desapariciones a desapariciones. Tan no es relevante para el oficialismo la ausencia de esos dos marinos, que incluso es posible que Narro, el presunto solicitante del servicio de protección —a decir de Serrano, quien renunció al cargo el mes pasado—, se convierta en el próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado.
BUSCAPIÉS
La repentina liberación de Rosario Robles ocurrida el viernes —luego de que la FGR aceptó pedir al juez del caso el cambio de medidas cautelares, algo que la defensa de la exfuncionaria venía solicitando desde hace tres años— pudiera tener que ver con la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva por 17 años, antes de ser sentenciados apenas en mayo pasado.
