Ante la omisión del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista de Oaxaca, el Congreso local aprobó una reforma a esta legislación para garantizar su funcionalidad.
Con 25 votos, el Pleno de la 65 Legislatura local autorizó modificaciones al Decreto 1988, por el que se expidió esta ley en el año 2016, y que a la fecha, aún no existe un reglamento de ella, el cual debe ser emitido por el gobierno estatal.
Con esta reforma, se ordena el plazo para la instalación de una comisión intersecretarial que tendrá por objetivo garantizar la ejecución de programas para la atención de personas con autismo, así como la fecha límite para la creación del reglamento correspondiente.
Dicha comisión estará formada por la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; estas dependencias estatales tendrán el deber de crear acciones que impulsen a las personas con autismo a una plena integración e inclusión a la sociedad mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, siendo el caso concreto de niñas, niños y adolescentes.
Datos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) señalan que en nivel de educación básica únicamente se brinda atención a 107 niñas y niños-que viven con la condición autista-, a través de Centros de Atención Múltiple y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, lo que sugiere que existe un mayor número de infantes con este padecimiento sin recibir estos servicios especiales, ya que se calcula que en Oaxaca hay en promedio 5 mil menores con autismo.
Debido a ello, el Pleno de la 65 Legislatura local aprobó esta reforma presentada por la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, del grupo parlamentario de Morena.
Asimismo, las y los diputados exhortan a los Servicios de Salud y al IEEPO a garantizar la atención y protección de los derechos a la salud y educación de las personas que padecen este trastorno; dicho llamado fue propuesto por el diputado Freddy Gil Pineda Gopar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobado por el Pleno con 26 votos.
