Reforma
Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se establece el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar o IMSS-B). Este nuevo organismo asume la responsabilidad que se le había asignado hace apenas dos años al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI): prestar servicios de salud a la población sin seguridad social. Lamentablemente, los daños que se generaron con la creación del INSABI -caída del acceso a servicios de salud, incremento de los gastos catastróficos por motivos de salud y reducción de la esperanza de vida- no podrán revertirse con esta decisión porque no representa un cambio de modelo sino una simple permuta de administrador. En los hechos, la creación del nuevo organismo es un reconocimiento, por parte del gobierno, del fracaso de su estrategia inicial. Significa también el abandono de la promesa presidencial de desarrollar en México un sistema de salud como el de Dinamarca. Tras haberle fallado a la gente en el manejo de la pandemia, el gobierno pudo haber propuesto un golpe de timón para avanzar, ahora sí, hacia el cumplimiento de esa promesa. En vez de ello, el régimen ha ratificado su decisión de seguir retrocediendo hacia el restablecimiento del sistema segmentado y vertical que teníamos en los años setenta del siglo pasado. Para las y los ciudadanos ya no vale la pena desgastarse en discutir ofertas fallidas. Lo que toca ahora es generar propuestas para construir un sistema de salud que garantice a todos los mexicanos acceso a servicios integrales de salud de alta calidad con protección financiera.
El principal problema del sistema de salud de México ha sido su naturaleza segmentada. La población asalariada ha tenido garantizado el acceso a servicios integrales de salud en las instituciones de seguridad social, aun cuando persistan problemas de calidad. En cambio, la población no asalariada había recibido sólo servicios básicos bajo un esquema asistencial. Esta situación se modificó con la creación del Seguro Popular, que garantizó el acceso a un paquete de servicios esenciales y de alta especialidad a sus más de 50 millones de afiliados. Las brechas entre la población asalariada y la población no asalariada se cerraron de manera muy importante entre 2003 y 2018. El INSABI y el IMSS-B, sin embargo, restituyeron el viejo régimen porque redujeron los servicios de salud que esta última población recibía. Los beneficiarios de estos dos programas sólo tienen acceso a servicios ambulatorios y de hospitalización general. Las grietas en salud entre la población con y sin seguridad social se han vuelto a abrir, y se ha restablecido un sistema segregado sobre bases corporativistas. A esto hay que agregar la caída de la cobertura de servicios, el daño que han producido los recortes en la estructura de la Secretaría de Salud, el desmantelamiento del esquema de compra consolidada de medicamentos y el descuido de los programas de vacunación y vigilancia epidemiológica, entre muchos otros.
Debemos aceptar la dolorosa realidad de que el deterioro en las condiciones de salud no se va a corregir en lo que resta del sexenio. Hay un daño estructural y extenso del sistema, que es resultado tanto del modelo escogido como de la incompetencia gerencial y la falta de visión estratégica del equipo de salud de la 4T. No tiene sentido invertir tiempo y energía en lo insalvable. Ahora lo urgente es enfocarse en el futuro para empezar ya a diseñar el difícil proceso que permita reconstruir y reconciliar, como atinadamente lo ha descrito Héctor Aguilar Camín.
Hay que pensar en rehacer, en 2024, aquellas áreas del sistema de salud que son indispensables y que han sido lesionadas durante los últimos tres años. Hay que restituir el mecanismo de compra consolidada de medicamentos del sector público, fortalecer el Programa de Vacunación Universal -que hoy presenta bajísimas cifras de cobertura, no vistas en México desde hace más de 30 años- y robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica, cuyo descuido explica la mala respuesta a la pandemia de Covid-19. También hay que reparar la estructura institucional de la Secretaría de Salud, cuyas áreas de rectoría, planeación y evaluación sufrieron un deterioro dramático.
Algo que no debe restablecerse es el Seguro Popular. Este programa redujo las desigualdades en materia de salud al extender a la población no asalariada los derechos que antes era exclusivos de los asalariados, pero ahora hay que ir más allá para transitar hacia un Seguro o Fondo Universal de Salud.
A fin de reconstruir es esencial reconciliar, convocando a todos los actores (partidos políticos, sindicatos, agrupaciones profesionales, instituciones académicas y ONGs) a reencauzar el sistema de salud en una dirección verdaderamente progresista que deje atrás la fragmentación corporativista y dé lugar a una integración capaz de garantizar equidad, calidad y protección financiera para todos. Esto nos acercaría al modelo que merece México: un modelo público, bien financiado, plural y descentralizado. El tiempo corre. Hay que empezar a discutir y diseñar ese nuevo proyecto ya.
