Cd. de México (29-Sep-2022).-
Durante una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que anunciaron la conclusión de su acompañamiento al caso, los especialistas reprocharon el rumbo que ha tomado la investigación en las últimas semanas, así como las resistencias por parte del Ejército para facilitar su labor, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado la orden de abrir archivos.
“Hay lugares que se han resguardados de manera especial, y solamente contando con el colaboración total de la persona que está enfrente de cualquiera de esas secretarías podemos conseguir esos documentos”, acusó la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Incluso cuestionaron la detención de “apresurada” del ex Procurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “Verdad Histórica” y cuya captura, hoy mismo reveló el Presidente López Obrador, fue producto del nuevo informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
“El mayor rompimiento se dio en agosto del 2022, el 16 de agosto se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñará funciones de Ministerio Público inscribiéndola en la UEILCA, que los fundamentos no explican por que esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justifica al anuncio.
“Por eso, el Grupo reitera que en un Estado de derecho, la Fiscalía no puede tener más consideraciones que las consideraciones probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización de Jesús Murillo Karam se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada ‘Verdad Histórica’. Se pone más atención a la detención que en la condena. Se pone más atención a la detención que en la condena para lograr la foto”, lamentó el abogado penalista Francisco Cox, integrante del GIEI.
En la conferencia, además de Cox, participaron Carlos Martín Beristain, Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago.
Destacaron que “el hecho más grave de intromisión” en las funciones de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, es cuando se solicita la cancelación de las 83 órdenes de aprehensión, por parte de ministerios públicos externos adscritos al juzgado.
“Se necesita conocer el fundamento de la solicitud de esa cancelación”, demandó el abogado Cox.
Buitrago lamentó que durante la reactivación de las funciones del GIEI, a partir de las gestiones de la actual administración en 2020, ha sido inexistente la relación con el Fiscal Alejandro Gertz Manero. “No se nos ha recibido más que una vez al inicio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa sobre la reunión en particular”, dijo.
Buitrago recordó que la solicitud de 83 órdenes de aprehensión fue con fundamento y demandó respeto a las decisiones de la justicia.
“Es incomprensible es que un Fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados, son más de 600 folios que nunca solicitó el Fiscal que solicitó la revocatoria.
“En cuanto a la renuncia del fiscal, queremos decir que lo que se ha avanzado fue en cuanto a su función. La renuncia se produce en cuanto a las intromisiones en las cuales nos referimos. El intento de sincronía entre los tiempos judiciales y tiempos políticos impidieron que se incorporaron el análisis de información que se estaba llevando a cabo, y que esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el Fiscal General de la República”, acusó Buitrago.
La abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz pidió distinguir que hay una investigación que se basa en capturas de pantallas y otra que lleva más de dos años por parte de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa y que es la que sustenta a las órdenes de captura.
En el caso de las capturas de pantalla, que fueron la base para las conclusiones del informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que dirige Alejandro Encinas, informaron que aún están verificando su contenido y que “antes de presentar una conclusión debe de someterse al análisis”, dijo Carlos Martín.
El GIEI, cuyo convenio vence este 30 de septiembre, informó que han pedido una prórroga para seguir en el País un mes más para concluir el análisis de las escuchas del informe de la Covaj y y y para vigilar la auditoría a la gestión de Omar Gómez Trejo, en espera de que no haya represalias.
Acusa Encinas campaña contra investigación
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que existe una campaña en contra de los resultados de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), a cargo de él, debido “a que están muy cerca de la verdad”.
“Estamos tan cerca que por eso tenemos toda esta campaña que pretende desacreditar la investigación”, afirmó.
Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, donde llegó como invitado, Encinas rechazó además haber sido acosado, al menos abiertamente.
“Yo no me siento acosado por nadie, yo solamente tengo que cumplir con mis compromisos. Nadie me ha presionado, al menos abiertamente, si alguien quisiera presionarme, que me lo diga”, dijo.
El Subsecretario de Gobernación defendió la validez de los chats sobre los que se basó el informe de la Covaj, informado el 18 de agosto, y sobre los que el GIEI dijo que apenas van a revisar con notario para confirmar.
“Se tienen que hacer siempre (la verificación) para su judicialización todo el análisis pericial”, señaló.
“Nos ayudó gente del Centro GEO (de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, del Conacyt), y especialistas que tenemos en temas de informática”, indicó en conferencia.
Sobre el informe del GIEI, en que acusa intromisión de la Fiscalía General, negativas del Ejército para acatar la orden del Presidente López Obrador para abrir los archivos y un apresuramiento judicial para empatarlo con el tiempo político, Encinas respondió que “son muy atendibles todos los señalamientos”, y que van a continuar con estas líneas de investigación.
“Es una relación institucional”, se limitó a responder sobre el trabajo con el Fiscal Alejandro Gertz Manero.
Encinas además reconoció el trabajo de Omar Gómez Trejo, quien renunció como fiscal oficial del caso Ayotzinapa, por la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión que fueron el 19 de agosto.
“Todo mi aprecio y reconocimiento por su profesionalismo y su ética”, dijo Encinas.
