Reforma
Una vez más el Presidente ganó la batalla a la oposición. Por 87 votos contra 40, el Senado aprobó el 4 de octubre la enmienda al quinto transitorio del artículo 21 constitucional, que creó la Guardia Nacional, para ampliar hasta 2028 la participación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. No solo sigue AMLO imponiendo su proyecto de militarización, sino que está desarticulando a una oposición que ya desde antes mostraba debilidad. Nueve de 13 senadores del PRI, y dos de tres del PRD, incluyendo al jefe de la bancada, Miguel Ángel Mancera, se unieron a la mayoría oficial. Las promesas de que la oposición no aceptaría ninguna reforma constitucional han caído por tierra. Las perspectivas de la alianza opositora se desmoronan.
Ningún Presidente desde los tiempos del viejo PRI había tenido el poder que hoy concentra López Obrador. Los últimos fueron Luis Echeverría y José López Portillo. Los predecesores inmediatos de AMLO, que no tenían mayorías absolutas en el Congreso, hacían malabares para lograr la aprobación de sus iniciativas y muchas veces fracasaban. López Obrador, en cambio, puede obtener la ratificación de la mayoría de sus iniciativas sin cambiar una coma, e incluso las reformas constitucionales las ha logrado sin modificaciones significativas. No ha perdido, de hecho, casi ninguna partida importante.
Si bien López Obrador se opuso a la militarización cuando era opositor, y prometió como candidato que regresaría a los militares a los cuarteles, ahora dice que ha cambiado de opinión. La militarización que está impulsando, sin embargo, es mucho más extensa y profunda que la que ha intentado cualquier Presidente desde los tiempos en que los generales gobernaban el país. No solo está buscando dejar las tareas de seguridad pública en manos castrenses, sino que quiere militarizar una amplia gama de actividades civiles. Estamos regresando a los tiempos en que los militares se repartían los cargos públicos y las canonjías.
La última ocurrencia ha sido crear una nueva aerolínea con fondos del gobierno y entregarla a la Secretaría de la Defensa. Además, buscaría nombrarla Mexicana de Aviación, como la empresa que dejó de volar en 2010. El Presidente daría la paraestatal a los militares para que sea más difícil de privatizar. “Y, además, que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas”. No dijo, por supuesto, quién pagará las pérdidas.
El Presidente tiene la fuerza para crear su propia aerolínea, como ha construido su tren, su aeropuerto y su refinería sin estudios previos de factibilidad. La mayoría absoluta en el Congreso le garantiza la posibilidad de seguir gastando dinero público en estos y otros proyectos.
La batalla en la que no tiene asegurado el triunfo, sin embargo, es la reforma electoral. López Obrador está buscando crear un nuevo sistema electoral que favorezca a su movimiento. Los nombramientos de nuevos consejeros y magistrados cercanos a Morena serán un paso, pero la medida más importante es cambiar la Constitución para garantizar que la Cuarta Transformación tenga control de las autoridades electorales.
Supongo que lo que queda de la oposición presentará una mayor resistencia en este caso, que podría significar el fin de la alternancia en el poder. Pero ya el gobierno demostró su gran capacidad para convencer o presionar a los opositores. Esperemos que eso no ocurra en una reforma que busca acabar con la democracia.
· FISCAL ESPECIAL
La gran virtud del nuevo fiscal especial del caso Iguala, el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, es que no es integrante del GIEI, como su predecesor. Parece irresponsable darle el cargo a un abogado que no conoce el tema, pero el Presidente quiere un fiscal que lo obedezca mientras él ordena cuál debe ser el resultado de la investigación.
