Reforma
El gobierno federal estima que en 2022 los estímulos a los combustibles costarán alrededor de 400 mil millones de pesos y que en 2023 los precios internacionales disminuirán y no será necesario subsidiar la gasolina para proteger el poder adquisitivo de los hogares. Incluso, se espera recaudar 278 mil millones de pesos por impuestos a las gasolinas. Es muy probable que el próximo año el precio del petróleo sea mayor al supuesto utilizado en el Paquete Económico y que nuevamente se implementen medidas para mitigar el impacto sobre el poder adquisitivo de las familias y la inflación. Dado lo cuantioso y regresivo que éstas han sido, resultaría prudente que el Congreso debatiera y aprobara medidas contingentes, diferentes al subsidio de las gasolinas, como parte del programa económico. Para un gobierno que tiene como principios rectores la austeridad y el bienestar de las familias más pobres, sorprende que en 2022 se haya optado por una medida fiscalmente ineficiente, altamente regresiva y que fomenta la informalidad.
A fin de abonar a este análisis, presentamos una alternativa para utilizar los recursos públicos de una manera más eficiente que el subsidio generalizado a la gasolina con el fin de limitar el impacto inflacionario y mitigar el efecto sobre los consumidores.
El subsidio a la gasolina es un mecanismo fiscalmente “caro” e ineficiente para limitar el impacto del aumento de la gasolina sobre la inflación al consumidor. Considerando que alrededor de la mitad del consumo nacional de gasolina se realiza por los hogares y la otra mitad por las empresas, sólo una parte del subsidio tiene un efecto directo sobre la inflación y la otra mitad incide en menores costos de las empresas que pueden no ser trasladados a los consumidores. Asimismo, este subsidio se distribuye inequitativamente entre la población. Solamente el 1.5% del consumo total de gasolina es realizado por el 10% de los hogares más pobres, mientras que 32% lo realiza el 10% de las familias más ricas. Así, por cada 96 pesos que el gobierno otorga a través del subsidio al 10% más rico de la población, sólo le entrega 4 pesos al 10% de los hogares más pobres.
Una idea para lograr los objetivos que persigue el gobierno, buscando a la vez el uso eficiente de los recursos públicos y su aplicación a los sectores más pobres del país, es aumentar el subsidio al consumo doméstico de electricidad, agua y gas para el 50% más pobre de las familias del país. Al otorgarse el subsidio solamente a los hogares se evita extenderlo a todas las empresas, como en el caso del apoyo al consumo de gasolina. De esta forma, la totalidad de este subsidio iría al consumidor final, por lo que impactaría directa y plenamente al índice de precios que mide la inflación, por lo que los recursos fiscales invertidos de esta forma incidirían de lleno en el combate a la carestía y sería por ello más eficiente desde el punto de vista fiscal. Al ser un subsidio que se otorga por el monto del consumo que realiza la mitad más pobre de la población, se distribuye de manera mucho más equitativa que el de las gasolinas. En caso de considerar necesario otorgar apoyos a las empresas para limitar el efecto del precio de la gasolina sobre sus costos, deberían buscarse mecanismos que sólo apoyen al sector formal, como los estímulos fiscales y que se distribuyan prioritariamente a las empresas chicas y medianas.
De acuerdo con nuestros cálculos, una propuesta como la descrita en el párrafo anterior costaría casi la mitad que el subsidio generalizado a la gasolina, lograría un impacto similar en la inflación y disminuiría los recursos asignados al 10% más rico de la población en 94%.
